Reserva del sumario
Un principio fundamental que está siendo violado por el Ministerio Público en los llamados casos de alto perfil es el de la reserva del sumario, que como su nombre indica, obliga al funcionario de instrucción a observar la debida discreción en cuanto a las diligencias que adelanta, en aras de proteger ese otro principio fundamental del proceso penal: la presunción de inocencia.
¿Cómo es que se hace pública una pieza procesal crucial en una investigación como la diligencia de indagatoria?. Sin duda que es con el consentimiento y hasta apoyo del fiscal jefe del despacho, que si no es él mismo, permite a sus subalternos que la entreguen a manos extrañas y ajenas con el avieso propósito de indisponer desfavorablemente a la opinión pública contra un investigado.
¿Cómo es posible que medios de comunicación afines al gobierno obtengan y publiquen documentos de un expediente? ¿Quién se los da?, ¿con qué propósito? La lógica indica que tales piezas, o las autoriza el fiscal que sean entregadas, o las sustraen del expediente. El primer caso revelaría una falta disciplinaria, el segundo caso es delito.
En ambos supuestos, lo que se busca es hacer daño al investigado, porque con su actitud pasiva y hasta cómplice el Ministerio Público viola la presunción de inocencia, que implica que nadie es culpable hasta que se le pruebe lo contrario en un juicio público, donde se le hayan asegurados todas las garantías para un ejercicio eficaz del derecho de defensa.
Esa violación está sucediendo en Panamá con el caso de Riccardo Francolini y sucedió en el pasado con otros casos y pasa así porque Kenia Isolda Porcell no actúa como una eficaz buscadora de la verdad material de los hechos, sino que está al servicio del poder de turno que tiene una agenda de venganza contra quienes adversen al varelato.
Que no se engañen, la violación a éste y otros derechos humanos no quedará impune. Pronto vendrá el momento de ajustar cuentas, cuando exista una verdadera democracia en Panamá.