Sapos y sumarias
Los señalamientos públicos hechos por Carlos González, administrador de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), en los que informa que el Consejo de Seguridad Nacional que dirige el militar Rolando López dio seguimiento y armó expediente sobre un caso de supuesta titulación irregular de tierras, demuestran que el organismo de seguridad va más allá de las funciones legales encomendadas.
Es un secreto a voces que el Consejo de Seguridad Nacional se ha convertido en el poder detrás del trono que ostenta el mandatario Juan Carlos Varela, lo que no quiere decir que Varela no avale estas conductas antijurídicas. Claro que las avala y apoya.
Ante los dichos del director de la Anati, ha quedado confirmado que son los “sapos” del Consejo quienes arman los expedientes, luego lo pasan al Ministerio Público y, luego, ¡oh casualidad! aparecen publicados en los medios adictos al Gobierno y se inicia la “investigación”.
Así se ha armado la gran mayoría de los expedientes contra funcionarios y políticos de la administración de Ricardo Martinelli, primero se publican los mamotretos y luego entra en escena la procuradora Kenia Porcell.
Estas conductas son altamente perjudiciales para la salud de la democracia y las libertades públicas en nuestro país, porque significa que a cualquier crítico del actual régimen le pueden armar un expediente con base en persecuciones y seguimientos ilegales.
Estas acciones en las que incurren los sapos operativos pueden ser constitutivas de varios delitos, entre los que están invasión a intimidad, abuso de autoridad, extralimitaciones de funciones y extorsión.
Es necesario que los panameños entendamos que con estas conductas peligra la democracia y, por lo tanto, la estabilidad del país, por lo que se hace necesario elevar nuestra voz de alerta antes de que sea muy tarde para Panamá.