Seguridad o defensa
La principal crítica al gasto en defensa proviene de habituales recortes en derechos como educación o sanidad, sobre todo en un contexto de crisis.
Según Pere Ortega, coordinador del Centro de Estudios para la Paz de la ONG Justícia i Pau, “los Gobiernos siempre han engañado a la opinión pública con el presupuesto en defensa”. Ortega sostiene que este engaño se encuentra en la ocultación del endeudamiento del Ministerio de Defensa español con las industrias que forman parte del complejo militar e industrial.
Tras los pasados atentados de París, Francia anunció que iba a aumentar su gasto en defensa, a pesar del techo de déficit impuesto por la Unión Europea. Según apuntó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, el francés Pierre Moscovici, “en este momento tan terrible, la protección de los ciudadanos y la seguridad de los franceses y europeos es la absoluta prioridad”. Por lo que se permitió el incumplimiento del déficit de Francia. Sin embargo, a pesar de que este país ya haya sido amonestado por incumplir los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea desde 2009, hasta el momento de los atentados, Francia solo había reducido un 3% su presupuesto en defensa. E incluso se situaba entre los diez países que más invertían en armamento, junto con otros como China o Estados Unidos. Una semana después de los atentados que han acabado con la vida de más de treinta personas en Bélgica y más de 70 en Pakistán, Francia ha desplegado alrededor de 10 mil soldados por todo su territorio, lo que conlleva un gasto en seguridad que supera el millón de euros diarios.
Por otro lado, la tragedia de Bruselas ha motivado que Bélgica destine unos 500 millones de euros para luchar contra el terrorismo yihadista, para ampliar el despliegue militar y para reforzar las fronteras. Muchos otros países también han acabado por adoptar este último paso. Algo que, junto con el acuerdo firmado para devolver a todos los refugiados que pasen las fronteras europeas de forma irregular, no hace más que agravar los atentados contra los derechos humanos. Amnistía Internacional añade que de esta forma, Europa “muestra una alarmante miopía y una actitud inhumana para gestionar la crisis”.