Brazaletes, a otra instancia
El programa de Sistema de Localización Telemática, conocido como el brazalete electrónico de monitoreo para detenidos, llegó a su fin en el Ministerio Público. La Procuraduría
El programa de Sistema de Localización Telemática, conocido como el brazalete electrónico de monitoreo para detenidos, llegó a su fin en el Ministerio Público.
La Procuraduría General de la Nación, mediante la Resolución 53 de 25 de junio de 2013, resolvió concluir el programa para la ejecución de medidas cautelares.
Este programa se transfirió de la Dirección de Asistencia y Coordinación Penitenciaria a la Secretaría Nacional de Asistencia y Protección de Víctimas, denunciantes, testigos y colaboradores del proceso penal, en cumplimiento del artículo 333 del Código Procesal Penal.
La resolución otorgó un periodo de 30 días hábiles para que los fiscales puedan levantar la utilización del brazalete electrónico en las personas que se encuentran bajo esta condición.
El sistema fue instaurado como un plan piloto dentro del Ministerio Público, el 1 de septiembre de 2005, con una duración de 3 meses en el primer, segundo y tercer distrito judicial de Panamá.
Posteriormente, en 2006 se dispuso ampliar el término a 5 meses, y se hicieron otras extensiones de tiempo hasta llegar a 2013.
Durante este periodo se reforzaron las medidas cautelares de reclusión domiciliaria en casa, recintos hospitalarios o cualquier otra que se impusiera.
Actualmente, con el cambio contemplado en el Código Procesal Penal, el sistema de monitoreo y brazalete electrónico dejó de ser atendido por el Ministerio Público, y le corresponderá al Órgano Judicial la aplicación de estas medidas de acuerdo al nuevo sistema procesal penal de corte acusatorio.
Le corresponderá a la Secretaría Nacional de Asistencia y Protección de Víctimas, denunciantes, testigos y colaboradores del proceso penal adoptar las decisiones necesarias para implementar el programa.
Solo 24 usuarios mantiene el Ministerio Público con el programa de brazaletes electrónicos, que estuvieron a cargo de la Dirección de Asistencia y Coordinación Penitenciaria.
Todos los fiscales, jueces y magistrados que tenían a su cuidado procesos de personas con medidas cautelares con brazaletes tuvieron conocimiento del cambio y clausura del programa por parte del Ministerio Público.
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