Sucesos
Detención para funcionario por asesinar a su socio en Chitré
En audiencia realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Chitré, se legalizó la aprehensión de Carlos Cabrera, de 30 años y funcionario del Ministerio de Salud de Herrera.
Por el delito de homicidio doloso agravado fue imputado el conductor de un auto pickup doble cabina, en el que transportó a su supuesta víctima hasta el cuartel de policía de la provincia de Herrera, la mañana del pasado jueves.
En audiencia realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Chitré, se legalizó la aprehensión de Carlos Cabrera, de 30 años y funcionario del Ministerio de Salud de Herrera.
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Se le imputaron cargos por el delito de homicidio doloso, por su presunta vinculación en el hecho, en el que perdió la vida Abel Gallardo, de 46 años de edad.
Durante el desarrollo de la audiencia se conoció que el imputado junto a la víctima mantenían un aproximado de 54 mil balboas de deuda con un tercero, por un supuesto negocio de compra de turnos de funcionarios de hospitales e instalaciones de salud.
Extraoficialmente se conoció que ambos acudieron a una sede bancaria antes de los hechos en el que perdió la vida Gallardo.
Ahora, Cabrera permanecerá detenido provisionalmente por un período de seis meses, tiempo dado al Ministerio Público para la investigación de este hecho.
La defensa del imputado apeló esta decisión, y se fijó una nueva fecha de audiencia para el próximo 11 de agosto, informó el abogado Boris Barrios.
El defensor del imputado indicó que no se descarta legítima defensa en este hecho, ya que ni siquiera se conoce de quien era el arma utilizada.
"El Ministerio Público no sabe qué pasó en ese carro cuando se dieron los disparos. Hubo un arma y ni siquiera conoce quién es el propietario. En este caso hay más preguntas que respuestas", señaló el defensor.
Sin embargo para la defensa de la víctima, a cargo de Irielka Villarreal, se descarta esta posibilidad ya que existen suficientes elementos de convicción y pruebas, y además se probó mediante la necropsia que el occiso mantenía dos disparos de arma de fuego.
Por este caso se pide una condena de entre 25 y 30 años.