Caminar por las afueras de la ciudad de Panamá se ha convertido en una odisea para los transeúntes. Mientras la Policía Nacional a cargo de Rolando Mirones se encuartela detrás de sus salas de guardia, los ladronzuelos escudados bajo las leyes permisivas asaltan a los ciudadanos, matando sin piedad a aquellos que se les opongan.
Da lástima ver al jefe de los uniformados argumentando que las normas defienden a los menores de edad, pues si se maltrata a un chico de poco menos de 18 años, organismos internacionales como la UNICEF, la ONU, la OEA, Amnistía Internacional y Human Rights Watch nos caerán en pandilla porque metemos presos a los maleantes.
Estos señores de los organismos internacionales deben recordar que en los grandes países también se aplica la pena de muerte, las leyes severas contra los menores y la cadena perpetua, para controlar las sociedades desbocadas. Los Estados Unidos, el país ejemplo de la democracia occidental, aplica ejecuciones en 23 estados dentro de su territorio federal, mientras que China continental, la nación emblemática del Lejano Oriente, no cesa de implementar leyes contra los criminales, tanto de alta alcurnia o de bajo estatus social.
Por desgracia, el desarrollo económico de Panamá incrementó los índices de la delincuencia, debido al encarecimiento de la Canasta Básica Familiar que supera los 300 dólares y los hogares humildes no aguantan más.
En esos cuartuchos de El Chorrillo, Curundú, Barraza, San Miguel, la 24 de Diciembre, San Joaquín, Santa Marta o Ciudad Radial los jóvenes se forman en un ambiente sin esperanzas de superación profesional o académica, en donde uno de los padres de familia está en la cárcel por robo o asesinato, en donde la ley del silencio reina y la pandilla se hace cargo de esta alma perdida.
Lo dicho por el alcalde capitalino Juan Carlos Navarro es la pura realidad. Es hora de que los ladronzuelos tengan de pagar por sus crímenes y también ha llegado el momento de imponer duras leyes contra estos delincuentes, aunque no debemos olvidar la crisis económica social que causó esta situación.
El presidente Martín Torrijos debe ordenarle a su Ministro de Gobierno y Justicia (que sufrió un faracho por el caso del escolta muerto) para que haga un masivo operativo que detenga a los malhechores juveniles, confinarlos en cárceles especiales estilo "GULAG" o campo de concentración, para escarnio público, ante la falta de prisiones.
Urge en la Asamblea Legislativa la aplicación de una nueva norma que determine elevar a 30 años de prisión las infracciones cometidas por menores de 18 años de edad. Es más, hay que imponer la prisión perpetua, como castigo severo para los asesinos de personas, pues impunemente se burlan del resto de la comunidad.
Si el Ministro de Gobierno y Justicia, si la Procuradora de la Nación y el Jefe de la Policía no tienen capacidad para detener la ola de delincuencia, entonces deben dejar sus cargos a disposición del Presidente, para que coloque personas más capaces que puedan controlar la ola criminal. Otra vez hay que recordarle al Gobierno del PRD que estamos en un año preelectoral y el tema de la inseguridad ciudadana se ha transformado en uno de los graves problemas que vive el país, junto a la crisis en el transporte público y el costo de la vida.
