Con la aprobación del proyecto que concede cien balboas mensuales a ciudadanos y ciudadanas de setenta años ó más, Panamá experimenta una manera directa de distribuir la riqueza del país, en concordancia con las promesas de campaña del gobierno.
América Latina ha atravesado un proceso de ajustes estructurales, liderada por grupos de centro que, por aplicar una fórmula rígida de control, olvidaron la inversión social y permitieron el crecimiento de la corrupción en todo el subcontinente, lo que a su vez, propició la ascensión al poder de los grupos de izquierda con sus diversas variables conceptuales.
Con el presidente Ricardo Martinelli y el vicepresidente, Juan Carlos Varela, vinculado a la doctrina social de la Iglesia Católica y a la visión empresarial de Alberto Vallarino, Panamá aplica una versión del capitalismo con fundamentos en el aspecto humano y no en la exclusiva inclinación por la producción de riqueza.
Se puede con la mano derecha producir dinero y con la izquierda hacerlo llegar a las masas, sin producir grandes traumas en las finanzas del Estado, como es el caso de los 100 para los 70, siempre que se logre frenar el avance de la corrupción, el tráfico de influencias y los grandes negociados de las posiciones públicas.
La búsqueda de que paguen los impuestos o por las concesiones nos están indicando que el peso del desarrollo social no debe ser a costa de la clase media y que por vivir en libertad, con garantía jurídica tiene un precio.
Esta medida gubernamental hace justicia porque reducirá el nivel de abandono en que se encuentran muchos de nuestros adultos mayores.
Este grupo de empresarios tiene muy claro que entre más riqueza se distribuye entre la población, más crece la actividad privada y se disminuye la delincuencia, además de crear las condiciones para el desarrollo nacional de manera sostenible.
Los 100 para los 70 es un acto de justicia, porque muchos de los que ahora se beneficiarán de la iniciativa, batallaron por la soberanía nacional, por el restablecimiento de la democracia y jamás han reclamado nada de los beneficios producidos por las áreas revertidas y mucho menos aspiraron a espacios políticos.
