La nueva ley del Transporte ha sido una consecuencia directa del nefasto accidente del 23 de octubre del año pasado, que costó la vida a 18 panameños y panameñas y que dejó una cantidad numerosa de heridos.
La Asamblea de Diputados ha acogido el clamor popular y con mucha cautela ha consultado a la sociedad civil y convocó a los comunicadores sociales de todos los medios para escuchar sus opiniones sobre la Ley del Transporte y así conocer sus inquietudes para debatirlas en el tercer debate.
En el encuentro estuvieron presentes altos funcionarios de la Autoridad del Tránsito, a quienes se les hizo conocer una opinión contraria sobre la nueva licencia de conducir porque representa un nuevo impuesto, además de que se desconoce el motivo de su creación.
También se manifestó que con leyes no se resuelven los problemas, ni con megaproyectos ni obras monumentales, si no son corregidos el monopolio y el desorden que existe en el sector y se supera la negativa de las diversas administraciones de enfrentar a los señores del transporte.
De nada servirían los nuevos sistemas si no se corrige lo existente, que en definitiva está relacionado con los espacios políticos o las concesiones que permiten este tipo de anomalías por parte de algunos directores de Tránsito, abrumados por la presión de los grupos y encandilado por los beneficios.
Los comunicadores también indicaron que el panameño tiene claro que el actual monto del pasaje no permitirá mejorar las condiciones de los autobuses; sin embargo, los gobiernos anteriores tan solo han utilizado la demagogia para evadir la responsabilidad política de resolver este asunto de forma permanente.
Son muchos los obstáculos que impiden que el país cuente con un buen servicio de transporte público y la nueva ley debe servir para superarlos, antes de pensar en grandes proyectos que podrían endeudar más al país y dejar una pesada carga sobre los contribuyentes.
Se dejó claro por parte de los periodistas que la ley propiamente no causa grandes expectativas, sino su aplicación. En otras palabras, la Asamblea cumple con las aspiraciones populares y la burocracia definirá si ha valido la pena esta nueva norma legal.
Por su lado, la comunidad espera la solución de este problema que es causa de una innecesaria carga de estrés y es otra forma de atentar contra la salud y el bienestar de la población.
