Italia: Se le acabó la fiesta a los menores, deben responder por sus actos
"Quienes cometen errores deben rendir cuentas por sus actos. Incluso si son menores de edad (...) Quienes agreden, roban o causan daños deben pagar siempre. Incluso si tienen 15 o 16 años, sentenció la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que el Gobierno quiere intensificar la mano dura contra las bandas juveniles, conocidas como 'Maranza'. Foto. EFE
Por: Roma/EFE -
El Consejo de Ministros de Italia aprobó este jueves un proyecto de ley con el que se modifican las normas para imputar con mayor facilidad a los menores de entre 14 y 17 años, en una iniciativa para combatir la criminalidad juvenil.
La reforma judicial, que tendrá que ser aprobada por el Parlamento, no reduce la edad de responsabilidad penal, que se mantiene en 14 años, pero sí modifica el mecanismo de evaluación.
Actualmente, para un menor de entre 14 y 17 años, el juez debe verificar, caso por caso, su capacidad de comprensión y decisión en el momento del delito, mientras que la nueva ley introduce una presunción refutable de responsabilidad penal: se considerará que el menor, en general, es capaz de comprender el significado de sus actos, salvo prueba en contrario.
"Quienes cometen errores deben rendir cuentas por sus actos. Incluso si son menores de edad (...) Quienes agreden, roban o causan daños deben pagar siempre. Incluso si tienen 15 o 16 años. Por eso hemos actuado y seguimos actuando", afirmó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un vídeo en sus redes sociales.
Meloni aseguró que la norma "se dirige principalmente a aquellos que se creen intocables y explotan a menores como mano de obra para sus propios negocios, pero también sirve para castigar a aquellos chicos que piensan que pueden hacer lo que quieran porque saben que no les pasará nada".
El Gobierno quiere intensificar la mano dura contra las bandas juveniles, conocidas como 'Maranza'.
Las primeras normas contra las bandas criminales se incluyeron en el decreto de seguridad aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de febrero, que recibió la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados en abril y que introducían entre otras que quien lleve un cuchillo de al menos 8 centímetros fuera de su domicilio, sin motivo justificado, se enfrenta a penas de prisión de entre seis meses y tres años.
