Brasil suspende colaboración con Panamá en caso Odebrecht
El país sureño alega por falta de garantías sobre el uso de pruebas anuladas en Panamá.
Brasil suspendió su colaboración con las autoridades panameñas en el caso Odebrecht porque no dieron garantías de que no usarían pruebas anuladas en el país suramericano, informó este viernes el Ministerio de Justicia brasileño.
Panamá pidió la colaboración de Brasil para interrogar a ocho testigos en el juicio por el caso de corrupción que debería haber comenzado el pasado lunes, en el que se sientan en el banquillo dos expresidentes y varios políticos de alto rango.
Tras recibir esa solicitud, las autoridades brasileñas preguntaron a las de Panamá si usarían en el proceso judicial una serie de pruebas anuladas por el Tribunal Supremo de Brasil, pero no obtuvieron respuesta por parte del país centroamericano, según un comunicado enviado por el Ministerio de Justicia a EFE.
«Mientras el país requirente no responda indicando que estas pruebas no se han utilizado, la solicitud de cooperación se suspenderá, sin ningún avance, con el fin de garantizar el cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo», afirmó el comunicado.
En 2023, el Tribunal Supremo anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, debido a errores procesales cometidos en la Justicia brasileña.
Odebrecht en otros países de la región
El juicio en Panamá del caso Odebrecht se volvió a posponer el pasado lunes, por cuarta vez, alegando falta de colaboración por parte de Brasil para oir a ocho testigos.
Por caso de los sobornos de Odebrecht están llamados al banquillo 31 imputados en Panamá, entre ellos los expresidentes Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), dos hijos de este último, además de exministros y otras personalidades por el delito de blanqueo de capitales.
Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que, entre 2001 y 2016, pagó 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países en relación con cien proyectos de construcción, unos actos criminales que le permitieron obtener beneficios por 3.336 millones de dólares.
Las revelaciones del caso provocaron terremotos políticos en países como Brasil, Panamá, Perú, República Dominicana y Ecuador, países donde fueron investigados o condenados políticos de alto nivel, entre ellos varios expresidentes.
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