Buscan poner bajo lupa los subsidios y exoneraciones que otorga el Estado

La discusión sobre cómo se otorgan y controlan los subsidios, exoneraciones e incentivos fiscales que concede el Estado panameño avanzó en la Asamblea Nacional con el análisis del proyecto de ley 494.

La iniciativa, presentada por el diputado Alaín Cedeño, plantea establecer reglas para transparentar estos beneficios, evaluar periódicamente su impacto y reforzar los mecanismos de control sobre los recursos y ventajas fiscales otorgados a personas naturales y jurídicas.

El proyecto fue analizado por la Subcomisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Víctor Castillo, y contempla la creación del Registro Nacional de Incentivos y Subsidios (RENIS), que estaría adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con la propuesta, este registro tendría entre sus funciones dar seguimiento y auditar los beneficios otorgados, con el objetivo de contar con información que permita evaluar su permanencia y resultados.

Durante la discusión, representantes de distintas instituciones plantearon observaciones y recomendaciones. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) propuso incorporar mecanismos de gobernanza tecnológica, interoperabilidad y estandarización digital para facilitar el manejo y cruce de la información.

La AIG también recomendó que la futura ley establezca la obligación de que las entidades públicas que creen, administren, aprueben, apoyen, finalicen o mantengan subsidios, incentivos o exoneraciones suministren los datos requeridos. Estos deberán entregarse bajo estándares, formatos y periodicidades que serían definidos posteriormente mediante reglamentación.

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En la reunión participaron representantes del MEF, Ministerio de la Presidencia, AIG, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presentaron sus aportes al documento.

Castillo señaló que durante el análisis se recibieron posiciones tanto a favor como en contra de la propuesta y que la subcomisión continuará buscando ajustes que permitan darle viabilidad jurídica y fortalecer los mecanismos de control existentes.

El proyecto todavía no ha concluido su trámite. La subcomisión deberá preparar un informe que será remitido a la Comisión de Economía y Finanzas, donde se decidirá su paso al primer debate y, posteriormente, si puede avanzar hacia el pleno de la Asamblea Nacional.