Corte declinaría hoy competencia del caso pinchazos

Corte declinaría hoy competencia del caso pinchazos

Corte declinaría hoy competencia del caso pinchazos

Por: Redacción Crítica -

Cuando el reloj marque las 9:00 a.m., el pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá iniciar el debate del proyecto del magistrado Oydén Ortega Durán, que declina la competencia del caso pinchazos tras la renuncia del exmandatario de Panamá Ricardo Martinelli como diputado del Parlacen.

Pese a las presiones del Ejecutivo, el Consejo de Seguridad y los medios oficialistas, que preparaban una serie de ataques a la Corporación Judicial, parece existir consenso entre los magistrados para declinar al Sistema Penal Acusatorio (SPA) el proceso que ilegalmente ha retenido en la esfera de la Corte el magistrado de “garantías” Jerónimo Mejía.

Reconocidos juristas como el exmagistrado Edgardo Molino Mola, el exministro Mario Galindo y el exdefensor del Pueblo Ítalo Antinori han reiterado que tras la renuncia de Martinelli al Parlacen, la Corte perdió competencia en su caso, rechazando el argumento de la “competencia perpetua” aducido por Jerónimo Mejía.

Se estima que en el Pleno participarán el ponente Oydén Ortega, Abel Zamorano, Ángela Russo, Cecilio Cedalise, Secundino Mendieta (suplente de Hernán De León), Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado), Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega), Luis Mario Carrasco (por Jerónimo Mejía) y Wilfredo Sáenz (suplente de Harry Díaz).

Es probable que la votación termine 7-2 o 6-3 a favor de declinar la competencia. Un amparo de garantías interpuesto por el abogado Luis Eduardo Camacho González, que fue admitido el 16 de octubre, motiva el Pleno de hoy.

El proyecto de decisión fue sometido a lectura simultánea desde el 12 de noviembre y los magistrados obtuvieron tiempo suficiente para hacer "observaciones" para enriquecer o fortalecer el proyecto, o para oponerse o cuestionar la propuesta.

Se admitió la intervención del magistrado fiscal Harry Díaz como tercero interesado en el amparo. Este ya ha opinado tácitamente que debe declinarse la competencia.

Entre los magistrados hay molestias por la actitud de ataque al resto del Pleno que ha utilizado Jerónimo Mejía, quien en dos ocasiones –aprovechando la transmisión de la audiencia- intentó ridiculizar al resto de sus colegas.

Jerónimo Mejía expresó en plena audiencia: que es el “único funcionario que tiene la competencia exclusiva, para determinar qué es competente” en el caso pinchazos que se le sigue a Ricardo Martinelli.

Luego hasta irrespetó a su colega Oydén Ortega al tildar de “absurda” la interpretación de este en cuanto a que la Corte perdió competencia para conocer el caso pinchazos contra Martinelli, tras renunciar este al Parlacen.

Ortega advirtió que el artículo 39 del Código Procesal Penal (CPP) le adscribe competencia al pleno de la Corte conocer de los procesos penales contra los diputados, siempre y cuando estén ejerciendo dicho cargo al tiempo de su juzgamiento, por lo que al existir una norma especial en cuanto a la regulación de la competencia en los procesos penales, no es necesario remitirse a las disposiciones del artículo 233 del Código Judicial, en el que se respaldaba Mejía.

El lunes -a sabiendas de que el pleno de la Corte definiría el jueves lo de la competencia- Mejía formalizó la apertura a juicio oral del exdiputado Martinelli para el 11 de diciembre.

Pero Mejía no se conformó con eso y ensayó un ataque contra sus propios compañeros, alegando que la “Corte (al declinar competencia), tendría un serio problema jurídico al desconocer sus precedentes, un serio problema de coherencia e inconsistencia y hasta un serio problema de certeza y seguridad jurídica e iría contra sus propios actos”.

Otras fuentes no descartan que Mejía recurra a todos sus “absurdos jurídicos”, porque el Ejecutivo, el Consejo de Seguridad y la Procuraduría lo tienen presionado con un viejo expediente que permanece paralizado entre el Juzgado XV y una Fiscalía Anticorrupción, donde figuran miembros del bufete que son investigados por lavado de dinero.

El caso se remonta a mayo del 2015, cuando la Asamblea Nacional admitió una denuncia por venta de fallos y otros delitos contra el entonces magistrado Víctor Benavides.

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