Dan luz verde a ley de sustancia económica que refuerza competitividad país
El nuevo régimen establece que las empresas que no acrediten sustancia económica en Panamá estarán sujetas a una tarifa única del 15% sobre la renta neta gravable.
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 641 de 2026, que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo sobre reglas de sustancia económica para entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan rentas pasivas del exterior como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.
La iniciativa, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca reforzar el marco tributario del país y elevar la confianza de inversionistas y organismos internacionales, en medio de un proceso de modernización económica y fiscal.
El nuevo régimen establece que las empresas que no acrediten sustancia económica en Panamá —es decir, sin personal calificado, oficinas, decisiones estratégicas ni gastos reales en el país— estarán sujetas a una tarifa única del 15% sobre la renta neta gravable.
La ley también introduce un trato especial para ingresos derivados de activos intangibles desarrollados en Panamá, como patentes, marcas y derechos de autor, con el fin de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.
Además, contempla un mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior para evitar la doble tributación, y excluye del régimen a la marina mercante y a entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
La normativa moderniza el concepto de establecimiento permanente, incorpora una cláusula antiabuso y refuerza las garantías de confidencialidad de la información tributaria.
Entrará en vigencia en el período fiscal 2027, con un plazo de 90 días para su reglamentación por parte del Órgano Ejecutivo.
De acuerdo con el MEF, con esta aprobación Panamá fortalece su imagen internacional como una jurisdicción alineada con estándares de transparencia fiscal y basada en actividades económicas reales.
El nuevo marco busca generar mayor confianza en los mercados, atraer inversión extranjera responsable y promover la instalación de operaciones con presencia real en el país, generando empleos y dinamizando la economía.
