Empresa Española reclama justicia por acciones de exdirector de la Junta de Control de Juegos
Las decisiones adoptadas durante la gestión de Manuel Sánchez, exdirector de la Junta de Control de Juegos de Panamá, han generado grandes perdidas a la empresa española Codere América, S.A. compañía del Grupo Codere la cual tiene más de 20 años de invertir en Panamá.
La empresa emprendió un arbitraje internacional contra el Estado Panameño, al desatender las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y acciones contrarias a la ley, mediante la notificación de una Controversia bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá.
Manuel Sánchez Ortega autorizó el traslado de varias Salas de Casinos hacia el “Área Designada”; una decisión abiertamente contraria a lo previsto en el Decreto Ley 2 de 1998 y pese al pronunciamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema que, en el 2023, dictó una sentencia que declaró ilegal el traslado y apertura de Salas en el Área Designada de la ciudad de Panamá.
Una segunda decisión judicial posterior confirmó íntegramente dicho fallo, reafirmando como cosa juzgada la decisión judicial que declaró que el traslado y apertura de salas de algún operador en el Área Designada es ilegal a partir de la entrada en vigor de dicha normativa.
La decisión del Grupo Codere se adopta tras la pasividad del Estado panameño, pese a múltiples acercamientos institucionales realizados durante la pasada administración y no adoptar medidas para dar cumplimiento a la normativa vigente aplicable al sector de juegos, y en particular el Decreto Ley N.º 2 de 1998 y la Ley N.º 49 de 2009, ambas normas de orden público.
De acuerdo con información, la conducta del exfuncionario es actualmente objeto de acciones penales, en un proceso que busca determinar eventuales responsabilidades personales derivadas de las decisiones adoptadas durante su gestión. Un Juez de Garantías ha ordenado recientemente reabrir la investigación penal contra Manuel Sánchez Ortega por tales prácticas que siguen sin ser atendidas por Panamá.
Operadores del sector señalaron que las actuaciones administrativas impulsadas bajo dicha gestión han permitido durante todos estos años la operación ilegal de salas de juego en la Ciudad de Panamá, con claro perjuicio de otros operadores que invirtieron en el país confiando en la seguridad jurídica y el cumplimiento de la legalidad por las autoridades, y en beneficio del grupo Cirsa, que fue el único beneficiado por la adenda de noviembre de 2009 y que ha sido declarada contraria Decreto Ley No.2 de 10 de febrero de 1998.
“El arbitraje internacional no es una amenaza ni un gesto político, sino la consecuencia jurídica de años de inacción estatal frente a situaciones ilegales,” indicó la empresa, subrayando que el caso plantea un problema seguridad jurídica y credibilidad institucional.