Empresarios y molineros respaldan anteproyecto contra contrabando
Al establecer límites más realistas, se fortalece la capacidad de las autoridades para actuar proactivamente y mantener la integridad de las fronteras comerciales.
Cigarrillos de contrabando son decomisados.
Por: Redacción/ Crítica -
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AMCHAM) y la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO) han anunciado su respaldo al anteproyecto de ley 167, destinado a enmendar el Código Penal con el fin de fortalecer las sanciones contra el contrabando y el comercio ilícito.
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Propuesto por el diputado Luis Ernesto Carles, este anteproyecto establece penas de prisión de cinco a ocho años para quienes introduzcan o extraigan del territorio aduanero mercancías de cualquier tipo, origen o procedencia, eludiendo la intervención de la autoridad aduanera, independientemente de si causan o no perjuicio fiscal, o para quienes evadan el pago de derechos, impuestos, tasas u otros gravámenes correspondientes.
La iniciativa también busca reducir el umbral económico para considerar el contrabando como delito, pasando de 500 mil balboas a 20 mil balboas, lo que permitirá una adaptación más acorde a la realidad económica actual y facilitará la identificación y persecución de infractores de las leyes aduaneras.
Empresarios y representantes de molineros de arroz resaltan que esta reducción del umbral económico no solo garantiza un marco legal más efectivo, sino que también envía un mensaje claro a quienes intentan aprovecharse de la posición estratégica del país.
Al establecer límites más realistas, se fortalece la capacidad de las autoridades para actuar proactivamente y mantener la integridad de las fronteras comerciales.
Además, se contemplan duras sanciones de prisión, de cinco a ocho años, para quienes introduzcan productos de tabaco en Panamá sin pagar los impuestos correspondientes o incumplan las regulaciones sanitarias y normas de salud vigentes.
Los productos de tabaco ingresados sin cumplir con estas normas serán decomisados o destruidos por la Autoridad Nacional de Aduanas, la Policía Nacional o el Ministerio de Salud.
El anteproyecto también prevé sanciones para funcionarios públicos que faciliten la comisión de delitos aduaneros y de contrabando, así como para aquellos que, por negligencia manifiesta, obstaculicen denuncias sobre infracciones aduaneras o ejerzan indebidamente funciones de verificación, valoración, clasificación o inspección aduanera.
En última instancia, se penalizará con cárcel a los funcionarios que afecten el Sistema Informático Aduanero Oficial al realizar acciones no autorizadas, como introducir, alterar, modificar, borrar, cambiar o anular declaraciones.
