Estiman en $50 mil millones compensación a Minera Panamá
Panamá tendría que compensar $50,000 millones si cierra la mina concesionada a los canadienses de First Quantum Minerals, estimó la Cámara Minera de Panamá, que pide no satanizar una actividad consagrada en la Constitución Nacional.
La Cámara Minera de Panamá (Camipa) recalca que destruir un pilar de la economía, como la minería, no resuelve los problemas del país, sino que los magnífica.
Camipa advierte que un escenario de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406 del contrato de Minera Panamá, no constituye anulación de la posibilidad de un arbitraje ni garantiza que no se vaya a perder.
Según Camipa, el monto de la compensación en un arbitraje interpuesto por First Quantum Minerals, visto de manera conservadora, estaría sobre los $50,000 millones, considerando la inversión de $10,000 millones, y sumando las expectativas de ingresos futuros, valor del yacimiento, lucro cesante, etc.
Esto debido a que de acuerdo con Camipa se trata de un yacimiento de enorme riqueza y magnitud probadas.
Además indica que la prohibición de renovación de contratos mineros establecida en la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, le da derecho a la empresa Minera Cerro Quema S.A. a demandar al país, debido a que es titular de una concesión de explotación cuya prórroga actualmente espera refrendo de contraloría.
"Conocemos que ha invertido unos $200 millones y se estima un valor presente del yacimiento de oro de $233 millones. Este caso tiene la misma motivación del de Dominion Minerals vs. Panamá, que ya ha sido fallado en contra del país", destacó.
En este sentido consideran que esta ley añade ingredientes de efecto montaña rusa, trato injusto no equitativo e inseguridad jurídica sobre las concesiones mineras ya otorgadas y que constituyen derechos adquiridos.
La cámara agrega que lo anterior se suma al aumento de riesgo país, posible pérdida del grado de inversión, caída del precio de los bonos panameños y mayor deterioro de las finanzas públicas que ya viene de atrás.
Señalan que esto afectaría a la empresa privada y la población en general con el consecuente aumento del costo de la vida y la inestabilidad social.
"El descontento acumulado por las malas actuaciones de los gobiernos es un sentimiento genuino, pero no justifica que una actividad consagrada en la Constitución Nacional, cuyo producto es vital para el planeta, sea satanizada sin evidencia comprobada", comenta.
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