Fondos deportivos bajo revisión: Contraloría inicia auditorías a Pandeportes
La entidad fiscalizadora inició revisiones tras denuncias ciudadanas sobre proyectos de infraestructura deportiva. La primera auditoría analizará contratos para la construcción de nueve instalaciones en Coclé.
Auditores de la Contraloría General de la Nación le cayeron a Pandeportes.
Por: Redacción / Crítica -
La Contraloría General de la República abrió auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con obras de infraestructura deportiva.
La revisión busca determinar si los procesos administrativos, financieros y contractuales se realizaron conforme a la ley y si los recursos públicos fueron manejados de manera transparente.
La primera auditoría estará enfocada en el contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas ubicadas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en la provincia de Coclé.
El proyecto fue desarrollado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por las empresas Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.
Revisarán pagos, adendas y ejecución de las obras
Los equipos técnicos de la Contraloría analizarán toda la documentación relacionada con los contratos, incluyendo:
- Expedientes administrativos.
- Registros financieros y contables.
- Informes técnicos.
- Modificaciones contractuales.
- Adendas aprobadas.
- Ampliaciones de plazo.
- Pagos realizados.
- Procesos de liquidación.
El objetivo es reconstruir el desarrollo de cada proyecto y determinar si existieron irregularidades en el uso de los fondos públicos.
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La entidad fiscalizadora aseguró que cada etapa del proceso contractual será revisada con criterios técnicos, incluyendo los cambios realizados durante la ejecución de las obras.
Contraloría aclara que no hay condenas anticipadas
La Contraloría indicó que estas auditorías forman parte de su responsabilidad constitucional de vigilar el manejo de los recursos del Estado.
Asimismo, aclaró que la apertura de una investigación no significa un señalamiento definitivo contra personas o empresas, sino el inicio de un proceso técnico donde se garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa.
En caso de que las auditorías detecten posibles afectaciones al patrimonio del Estado o hechos que puedan tener implicaciones legales, los informes serán remitidos a las autoridades correspondientes.
Más controles sobre fondos públicos
La institución reiteró que mantendrá una fiscalización rigurosa sobre los contratos públicos y que ningún proyecto quedará fuera del análisis cuando existan denuncias o elementos que ameriten una revisión.
