Gobierno impulsa reforma a las APP para acelerar proyectos de infraestructura

El Gobierno presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para modificar el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) y reducir los trámites que, según las autoridades, han dificultado el desarrollo de proyectos de infraestructura bajo este modelo.

La propuesta fue presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien explicó que, después de más de seis años de vigencia de la Ley 93 de 2019, se han identificado etapas del proceso que pueden simplificarse sin eliminar los controles y garantías establecidos.

Uno de los principales cambios planteados es ampliar las entidades que pueden desarrollar proyectos mediante APP, incorporando al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y a la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la iniciativa, ambas instituciones podrían promover proyectos bajo este esquema exclusivamente para mejorar infraestructura pública, mientras el Estado mantendría la responsabilidad sobre estos servicios.

El proyecto contempla modificaciones a tres artículos de la Ley 93 y la incorporación de seis nuevos artículos, tomando como referencia prácticas aplicadas internacionalmente.

Orillac sostuvo que la reforma busca acortar los tiempos de origen, estructuración y licitación de los proyectos, además de fortalecer la institucionalidad encargada de administrar el régimen APP.

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La propuesta también apunta a facilitar el financiamiento y permitir que una mayor cantidad de proyectos puedan pasar de la planificación a la ejecución en un menor período.

Desde el Gobierno se plantea que esto podría traducirse en más obras de infraestructura, generación de empleos y una mayor participación de inversión privada, particularmente durante las etapas de construcción y operación de los proyectos.

Durante la presentación acompañaron al ministro representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

La iniciativa deberá ahora avanzar en la Asamblea Nacional, donde será sometida al proceso de discusión y análisis correspondiente.