Inicia audiencia de "Blue Apple" y todos se declaran inocentes
La audiencia ordinaria alterna seguida a 19 imputados por la presunta comisión de los delitos falsificación de documentos, asociación ilícita,corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, dentro del caso “Blue Apple”, inició ayer.
En este primer día de juicio, la jueza Baloisa Marquínez realizó el acto de validación de acuerdos de pena con Jorge Ruiz y María Antonieta Lee consensuado entre los representantes del Ministerio Público y la defensa, el cual fue resuelto de manera reservada.
El acuerdo incluye restitución de dinero y en el caso de ser requerido para futuras audiencias, Jorge Ruiz debe tener el compromiso de asistir a declarar a los juicios respectivos en el caso tal exista una ruptura que corresponda a otras personas.
La jueza negó un acuerdo de colaboración planteado por el exministro Federico Suárez, el fiscal explicó que declinó, porque la petición "no es viable".
Durante la audiencia ordinaria,, se hizo el control de asistencia de los imputados, de los cuales 18 estaban presentes y 7 se mantuvieron conectados virtualmente.
Los imputados presentes y los que se encontraban en la virtualidad manifestaron ser inocentes, entre ellos, los exministros Federico Suárez y Jaime Ford. Posteriormente, se llevó a cabo la lectura del auto mixto de llamamiento que consta de 274 páginas.
Entre los imputados estaban Riccardo Francolini Arosemena, César Jaramillo, Silvia Rojas, Jaime Ford Castro, Melina Cano Achurra, Alcides Bernal Zambrano, Luis Alberto Arias García, George Moreno, Juan Girón, Federico Suarez, Valentin Martínez Vásquez, Luis Donadio, Octavio Samaniego, Mary Su Gutierrez, Maribel Oberto, Marcelino Martínez, Jaime Martin De Da Espriella y Manuel Ruiz.
La Fiscalía Superior Anticorrupción está representada por los fiscales Edwin Juárez y Aurelio Vásquez. De la misma forma, participaron 12 defensores técnicos particulares y 7 defensores públicos.
La causa penal consta de 370 tomos y la investigación se inició el 30 de octubre de 2017. La investigación está relacionada con empresas constructoras que entre 2011 al 2014 mantenían contratos adjudicados con el Estado.
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