¡La Contraloría aprieta! Secuestran bienes de Rojas Pardini
La Contraloría General de la República ordenó este lunes el secuestro preventivo de bienes del exministro consejero José Alejandro Rojas Pardini, por un monto preliminar de $774,462.64, según la Resolución N.° 2927-2026-DNAJ/MP, emitida el 17 de septiembre de 2026.
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La medida fue adoptada tras las evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la entidad.
De acuerdo con la resolución, el secuestro preventivo contempla bienes, fondos, vehículos y otros activos de Rojas Pardini, hasta cubrir el monto establecido. El exfuncionario formó parte de la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024).
La Contraloría explicó que las medidas son de carácter precautorio y tienen como finalidad salvaguardar el patrimonio estatal mientras avanzan las diligencias correspondientes, en cumplimiento del debido proceso y la protección de los recursos públicos.
La decisión se conoce pocos días después de que la entidad ordenara el secuestro preventivo de bienes por $704,452.61 contra el exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge, quien también ejerció el cargo durante el gobierno de Cortizo.
Otros exfuncionarios bajo investigación
Durante los últimos meses, varios exfuncionarios de la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD) han sido vinculados a investigaciones por presuntos actos de corrupción.
Entre ellos figuran el exvicepresidente José Gabriel Carrizo; los exalcaldes de San Miguelito y Colón, Héctor Carrasquilla y Alex Lee, respectivamente; así como Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá.
También se mencionan Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos; Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu); Luis Oliva, exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), y el exdiputado Héctor Brands.
Las investigaciones y medidas cautelares deben entenderse dentro de los procedimientos correspondientes, sin que su adopción implique por sí sola una declaración de responsabilidad penal.
