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Montalvo defiende nueva cárcel y asegura respetar perímetros de seguridad

Montalvo insistió en que el objetivo es evitar que el nuevo centro penitenciario termine rodeado por comunidades, como ocurre actualmente en algunos complejos carcelarios del país.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un presupuesto de B/.213 millones para la vigencia fiscal 2027, de los cuales B/.175.9 millones corresponden a funcionamiento y B/.37.1 millones a inversión.

Durante la sustentación, uno de los principales temas abordados por los diputados fue la situación del Sistema Penitenciario y el proyecto para la construcción de un nuevo centro penitenciario, en Divisa, cuya inversión ha generado cuestionamientos, principalmente por su ubicación y el impacto que podría tener sobre las comunidades cercanas.

Montalvo explicó que el proyecto contempla inicialmente B/.10 millones dentro del presupuesto, mientras avanzan las gestiones relacionadas con la licitación y la ejecución de la obra. Según detalló, se trata de un proyecto que tendría una duración aproximada de 24 meses por fase y que incorporará tecnología y sistemas de seguridad utilizados en centros penitenciarios de otros países, para alcanzar un costo final de $177 millones.

Uno de los puntos que más discusión generó fue el terreno seleccionado para el proyecto. La ministra aclaró que no se utilizarán las cerca de 800 hectáreas del globo de terreno disponible, sino una porción aproximada de entre 35 y 40 hectáreas para levantar el centro penitenciario.

Estamos hablando de un globo de terreno de casi 800 hectáreas”, explicó Montalvo, al señalar que el área destinada al centro estará dentro de un perímetro retirado de las comunidades y contará con una distancia de seguridad adecuada.

La funcionaria también sostuvo que parte del terreno presenta zonas inundables, por lo que antes de definir las áreas de construcción se han realizado evaluaciones para determinar qué sectores pueden ser utilizados. Además, indicó que el complejo deberá cumplir con requisitos ambientales para evitar afectaciones a las fuentes de agua de las comunidades.

Otro de los argumentos planteados por Montalvo fue que el proyecto no se limitará a levantar una estructura carcelaria, sino que contempla la construcción de carreteras y accesos internos, debido a que el sitio donde se levantaría el centro no se encuentra inmediatamente junto a la carretera principal.

La ministra defendió además la necesidad de que Panamá avance hacia un modelo penitenciario diferente al actual, particularmente frente a los problemas que existen en complejos como La Joya, La Joyita y La Mega Joya, donde el crecimiento de comunidades y construcciones en las cercanías ha reducido los perímetros de seguridad.

Montalvo puso como referencia el centro penitenciario de Chiriquí, al que calificó como un modelo que reúne las condiciones que se buscan replicar en este nuevo proyecto, especialmente en materia de distancia y seguridad.

La ubicación también fue objeto de preocupación durante la discusión, especialmente por la cercanía con instalaciones educativas y agropecuarias. Ante los cuestionamientos, la ministra aseguró que se mantendrán las distancias necesarias entre el centro penitenciario y las instalaciones destinadas a estudiantes y actividades agropecuarias.

“Lo más importante es que la población se sienta segura, más allá de que cumpla con los parámetros”, fue uno de los planteamientos surgidos durante el intercambio entre los diputados y la ministra.

Montalvo insistió en que el objetivo es evitar que el nuevo centro penitenciario termine rodeado por comunidades, como ocurre actualmente en algunos complejos carcelarios del país, y que la planificación del proyecto contemple desde el inicio seguridad, distancia, infraestructura vial, impacto ambiental y tecnología penitenciaria.

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