Mulino: "No pierdan su tiempo, no sancionaré cambios a Ley 462"
Mulino defendió que la ley fue valorada y refrendada por diversos sectores, destacando su importancia para la estabilidad económica y financiera del país.
Presidente José Raúl Mulino.
Por: Redacción-Crítica -
El presidente José Raúl Mulino reiteró su rechazo a cualquier modificación a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), norma recientemente aprobada y que enfrenta fuertes cuestionamientos sociales.
“Ni pierdan tiempo en la Asamblea de Diputados, no la voy a refrendar ni revisarán esa ley por ahora”, expresó con firmeza el mandatario, al responder a sectores sociales y algunos legisladores que han impulsado intentos de reforma.
Mulino defendió que la ley fue valorada y refrendada por diversos sectores, destacando su importancia para la estabilidad económica y financiera del país.
Criticó a “grupos minoritarios en componenda” que, en su opinión, buscan imponer su criterio a la mayoría de los panameños.
Paro indefinido y crisis en la educación pública
Desde hace más de un mes, gremios magisteriales, sindicatos y organizaciones sociales mantienen una huelga nacional indefinida, exigiendo la derogación de la Ley 462, por considerar que afecta derechos laborales y sociales.
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Ante la pérdida del primer trimestre escolar en los centros oficiales, el presidente anunció una reunión el lunes con la ministra de Educación, Lucy Molinar, para evaluar la situación y tomar medidas adicionales.
“Un 30 % de las escuelas siguen paralizadas. Evaluaré con la ministra Molinar la situación para tomar decisiones. Lo que menos deseo es que siga afectándose la educación”, declaró Mulino.
El mandatario también criticó a los dirigentes magisteriales, afirmando que la Ley 462 “no les quita un solo privilegio, entre ellos su jubilación anticipada”, y advirtió que no se pagará salario mientras continúe la huelga.
“El daño es incalculable hoy y en el futuro para la educación”, concluyó.
Mulino: “No vamos a abandonar Bocas del Toro”
El presidente Mulino informó que la operación “Omega”, destinada a restablecer el orden y despejar las vías en Bocas del Toro, avanza paulatinamente, y que el centro urbano de Changuinola ya está en condiciones estables.
“Les pido a los moradores que cooperen para despejar los tranques y recuperar la calma y el orden en la provincia, que tendremos que reconstruir juntos”, expresó el mandatario. Asimismo, señaló que los responsables de los disturbios deberán rendir cuentas ante las autoridades competentes.
Mulino condenó el daño ecológico ocasionado durante los disturbios, destacando la tala de especies de árboles catalogadas como maderas preciosas. “El delito ecológico ya está siendo procesado por MiAmbiente y el Procurador General de la Nación. Esto no tiene nombre”, afirmó.
En cuanto a seguridad, indicó que alrededor de 1,500 agentes de la Policía Nacional y otros estamentos están desplegados distintas zonas de Bocas del Toro. Aunque reconoció que se requieren efectivos en todo el país, reiteró que no se abandonará Bocas del Toro hasta restablecer el orden completamente.
“El país necesita seguridad ciudadana, y esta tarea en Bocas del Toro la estamos cumpliendo poco a poco”, concluyó.
Mulino: Decisión de posible reapertura de la mina no será inmediata
El presidente expresó que el tema de la mina de cobre en Donoso será analizada en función del interés nacional.
Además, informó que la empresa Franco-Nevada, que mantenía un arbitraje contra Panamá por 5 mil millones de dólares, suspendió dicho proceso, lo que “nos deja la mesa limpia para iniciar, cuando corresponda, conversaciones con la empresa minera”.
En respuesta a las inquietudes de comunidades y trabajadores afectados por el cierre, Mulino aclaró que la decisión no será inmediata y que será analizada con profundidad.
“Les digo a ellos y al país que la decisión sobre la mina —que no es próxima— es compleja y debe replantearse. Será evaluada según el interés nacional, no por intereses económicos ni de socios de la mina”, enfatizó.
Aclaró que la decisión no pasará por la Asamblea Nacional, sino que se tratará de un acuerdo directo con el Estado, en ejercicio de su soberanía sobre los recursos.
