Mulino respalda demanda contra contrato de Panama Ports

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó este jueves su total respaldo a la demanda presentada por el contralor de la República, Anel Flores. ante la Corte Suprema de Justicia para declarar la nulidad del contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC). 

Según explicó, la renovación automática del acuerdo en 2021 por 25 años no fue refrendada por la Contraloría General de la República, como exige la ley.

“Hay que dividir las cosas. La demanda del Contralor, que yo apoyo plenamente, tiene mucha justificación. Todos hemos visto lo que ese contrato le ha costado a la Nación panameña en el tiempo. Lo que no hemos ganado con eso, bajo el pretexto de que somos el 10 % de accionistas, para recibir una suma irrisoria”, declaró el mandatario.

Mulino detalló que la falta de refrendo por parte de la Contraloría es la base legal de la demanda, actualmente en revisión en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

“Ese contrato, cuando fue renovado por 25 años más, no lo refrendó el Contralor y arrancó. Eso es lo que se está demandando en la Corte: la nulidad del mismo, porque no fue refrendado como deben ser refrendados todos los contratos que haga el Estado con cualquier tercero”, enfatizó.

Además, el presidente fue claro al señalar que no contempla mantener el contrato vigente ni reemplazarlo por uno similar.

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“No veo en este momento ni la subsistencia de ese contrato de Panama Ports enmendado, ni la creación de un nuevo contrato ley. El Estado tiene facultad, en este tipo de temas, de establecer asociaciones, y es lo que procuraremos hacer en la medida de lo posible”, agregó.

Actualmente, Panama Ports Company, subsidiaria del consorcio internacional Hutchison Ports, mantiene la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. El contrato original fue firmado en 1997 y renovado automáticamente en 2021, sin un nuevo refrendo, lo que ha generado un amplio debate sobre su legalidad y transparencia.

Nueva política nacional de puertos

En medio del debate legal, Mulino anunció que su administración trabaja en una nueva política nacional de puertos, como parte de una estrategia integral para fortalecer el sector logístico y marítimo del país.

“La República de Panamá adoptará una política de puertos que anunciaremos en su momento, con el ánimo de hacer valer lo que mencioné en torno al Canal: una estrategia marítima y logística coherente del Estado panameño en todos sus servicios”, aseguró.

Presupuesto 2026: récord en inversión pública y advertencias sobre su ejecución
 

El Gobierno Nacional presentó el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2026, que asciende a B/.34,901 millones. La propuesta busca consolidar la disciplina fiscal, proteger a los sectores más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento económico sostenible.

Mulino explicó que el presupuesto proyectado representa un aumento de B/.4,181 millones respecto al presupuesto modificado de 2025. Sin embargo, aclaró que este incremento responde principalmente a compromisos del Estado, como el pago de deuda, intereses y aportes extraordinarios a la Caja del Seguro Social (CSS).

“Respecto al primer presupuesto de mi gobierno, independientemente del altísimo costo en intereses de la deuda —casi 5 mil millones de dólares—, hay algo importante respecto al de 2025: la inversión pública asciende a 11 mil millones de dólares. Eso representa un 26 % del presupuesto del 2025”, destacó.

Ejecución presupuestaria: avances y obstáculos
 

Sobre la ejecución presupuestaria, el presidente reconoció que el avance es gradual y depende de factores técnicos y administrativos.

“La ejecución va poco a poco. Uno no puede restar del presupuesto aquellos actos públicos que están en proceso y que no se han adjudicado para empezar a gastar ese dinero. El presupuesto de la Nación es una cifra que genera expectativas, y se tiene que ir ejecutando poco a poco”, explicó.

Seguridad alimentaria: compra de arroz nacional y protección al productor
 

Mulino aseguró que el Gobierno no desprotegerá a los productores nacionales de arroz, y explicó que se han tomado medidas para garantizar el abastecimiento durante los meses de escasez.

“Que se queden tranquilos. El tema del arroz es una política importante del Gobierno, del Estado. Bajo ninguna circunstancia se va a desproteger al productor nacional”, declaró.

Aunque la importación del grano es legal durante todo el año con un arancel del 90 %, el Ejecutivo regula el proceso a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

“La importación que está haciendo el IMA es para que, en los meses hacia final de año —cuando hay escasez nacional de arroz porque no somos autosuficientes— tengamos arroz disponible. Mientras tanto, se va a comprar la producción nacional”, puntualizó.

Reforma del BDA: hacia un banco más eficiente
 

El mandatario anunció también la transformación del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), históricamente usado para otorgar créditos sin controles rigurosos.

“El BDA era una oficina de otorgamiento de créditos de manera irresponsable, que en un muy alto porcentaje no se pagan”, denunció.

Mulino afirmó que su administración busca convertirlo en una institución eficiente, que impulse realmente el desarrollo agropecuario y no se convierta en fuente de deuda impagada.

Derechos laborales: sin cambios al Código de Trabajo
 

Frente a rumores en redes sociales sobre posibles cambios al Código de Trabajo, Mulino fue categórico:

“Sé que por ahí en redes de la izquierda circulan bochinches diciendo que el Gobierno está planeando una modificación al Código de Trabajo. Falso, absolutamente falso. Eso no está en ningún lado de mi agenda”.

Con esta declaración, el mandatario buscó calmar la preocupación de trabajadores y empleadores.

Ejercicio de la abogacía: preocupación por calidad profesional
 

Mulino también se refirió al proyecto de ley aprobado en tercer debate que reforma los requisitos para ejercer la abogacía en el país. Mostró preocupación por una posible relajación de los estándares profesionales.

“Como abogado de la vieja escuela, mi idoneidad es la 886 y hoy andamos arriba de 30 mil... En principio, no conozco esa ley aprobada; la voy a evaluar con mucha calma aquí en la Presidencia cuando llegue para saber la decisión que voy a tomar. Creo que la profesión se ha relajado mucho, sin ánimos de criticar a nadie”, indicó.

El proyecto de ley N.º 168 elimina la obligatoriedad del examen de barra para obtener la idoneidad y plantea tres vías para lograrla: práctica profesional, tesis o examen.

Designación de magistrados: sin el Pacto de Estado por la Justicia
 

El jefe del Ejecutivo confirmó que designará directamente a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin convocar al Pacto de Estado por la Justicia.

“Los voy a designar en ejercicio de mi función constitucional, punto”, sentenció.

Las vacantes corresponden a la Sala Civil y a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Los nuevos magistrados deberán tomar posesión el próximo año.

Medio ambiente: cierre de vertederos contaminantes y gestión de residuos

Mulino también anunció avances en materia de gestión de residuos sólidos y saneamiento ambiental.

Uno de los principales anuncios fue el cierre definitivo del vertedero de Chame, que contaminaba los manglares del área.

“El Ministerio de Ambiente y el Municipio de Chame acaban de clausurar de forma definitiva el vertedero... Los desechos de Chame ahora irán al relleno sanitario de La Chorrera, cumpliendo todas las normas sanitarias y ambientales”, indicó.

También se confirmó el cierre del vertedero de Macaracas, en Los Santos, debido a la contaminación de los ríos Estivaná y La Villa. Los residuos ahora se trasladan temporalmente a Las Tablas y Guararé, cuyos vertederos están siendo estabilizados.

Respecto al vertedero de Patacón, Mulino reveló que la licitación será modificada: “Nos habían colado en esos términos aspectos que eran negativos para seguir en el mismo relajo”, explicó. Anunció que se realizará una adenda para corregir los problemas detectados.

Señaló que "nos habían colado en esos términos y condiciones aspectos que eran negativos, para seguir en el mismo relajo”.

“Esto va a revisión, para una adenda, porque yo no voy a seguir patrocinando las vagabunderías que ahí se están patrocinando”, sentenció el presidente Mulino, quien instruyó al Secretario de Metas para que dé la “última palabra” en la revisión de la adenda de la licitación, en la que han participado 60 empresas.