Presentan denuncia por 6 delitos contra presidenta de la Corte
La denuncia fue presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional por la excandidata presidencial y exdiputada Zulay Rodríguez y el abogado Alejandro Pérez.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Eugenia López Arias, fue denunciada ayer en la Asamblea Nacional por la presunta comisión de lavado de dinero, peculado, asociación ilícita, corrupción de funcionarios públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento injustificado.
La denuncia fue presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional por la excandidata presidencial y exdiputada Zulay Rodríguez y el abogado Alejandro Pérez.
El documento presentado afirma que López supuestamente habría favorecido decisiones judiciales en beneficio de empresas relacionadas con el sector de limpieza hospitalaria, como Sicarelle Holding Inc. y JPM Enterprises S.A., que obtuvieron millonarios contratos bajo cuestionadas licitaciones.
De acuerdo con el informe, López Arias utilizó su influencia para intervenir en procesos relacionados con las empresas mencionadas. Estas entidades, que recibieron contratos millonarios para la limpieza de hospitales durante la pandemia, son señaladas por haber utilizado recursos estatales como agua, electricidad y lavanderías hospitalarias sin los estándares mínimos de salubridad, exponiendo la salud pública al riesgo.
La denuncia también involucra a otros actores clave en el escándalo, como Nadia del Río, exasistente del expresidente Laurentino Cortizo, quien habría facilitado la adjudicación de contratos a Sicarelle Holding Inc. Esta colaboración supuestamente se habría realizado con el conocimiento y aval de la magistrada López Arias, fortaleciendo la red de influencias que permitió a las empresas beneficiarse de recursos públicos de manera irregular.
Entre los hechos más graves documentados está la posible falsificación de documentos públicos. Se acusa a Karina Mirones, exrepresentante legal de Sicarelle Holding Inc., de haber firmado un recurso de reclamo días después de su renuncia, un acto que habría sido respaldado por decisiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia, López Arias habría favorecido judicialmente a Mirones y su empresa, ignorando las evidencias presentadas por auditores independientes.
En la denuncia se menciona además a Nadia Del Río, Vielsa Ríos, Germán Carlos López y José Agustín Luna.
Alejandro Pérez dijo que la denuncia se presentó tras una exhaustiva investigación y aportaron más de una treintena pruebas documentales.
Zulay Rodríguez dijo que esto no es bochinche y la denuncia debe ser admitida por la Comisión de Credenciales y aseguró que también se utilizaron recursos del Estado para trabajos en una finca particular de la presidenta de la Corte Suprema en El Valle de Antón.
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