Sancionan ley que establece Áreas Marinas Protegidas en Alta Mar
La nueva norma permite a las autoridades ambientales crear un marco para la protección a gran escala en alta mar, apoyando el objetivo global de conservar y gestionar efectivamente el 30% de las áreas marinas y terrestres para 2030.
La Ley 442, por la cual se aprueba el Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, fue sancionada ayer por el mandatario José Raúl Mulino.
La nueva norma permite a las autoridades ambientales crear un marco para la protección a gran escala en alta mar, apoyando el objetivo global de conservar y gestionar efectivamente el 30% de las áreas marinas y terrestres para 2030, conforme al Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro explicó que Panamá es líder global ambiental, al sumarse a un grupo de solamente 10 países que se han suscrito al acuerdo, que contempla proteger áreas que, pese a su inmenso valor y ricas en vida marina única y en su mayoría desconocida, enfrentan amenazas críticas como la contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático, ante la creciente demanda de recursos marinos para alimentación, minerales y biotecnología.
Destacó que esta sanción, un compromiso de gobierno que inició en el primer mes de mandato del presidente Mulino y que recibe su aprobación en 2 meses, es “una puerta abierta al mundo”, porque se podrán establecer áreas marinas vitales con protección a nivel global, promoviendo la cooperación internacional y la implementación de medidas concretas para garantizar su conservación y uso sostenible.
Esta norma también define procedimientos claros y robustos para evaluar el impacto ambiental de actividades humanas en alta mar, con controles adecuados para prevenir daños irreversibles, así como promover la cooperación técnica y el fortalecimiento de capacidades entre las partes para garantizar una gestión sostenible y equitativa de los recursos marinos.
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