SIP incluye alertas de EPASA ante amenazas de Procuraduría

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó a las autoridades de Panamá a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa, y a derogar las normas que mantienen la injuria y la calumnia en contra de periodistas en la jurisdicción penal.

El Grupo Epasa denunció que es objeto de presiones por parte del Ministerio Público y que existe por parte de esa institución un bloqueo informativo mediante la negación del acceso a información pública. Denunció que habían recibido información de que sus instalaciones serían allanadas por un grupo de fiscales. Cuestionaron públicamente el no haber recibido respuestas por parte del Ministerio Público ante sus requerimientos de información.

Posterior a la publicación de la denuncia, el Ministerio Público emitió un comunicado y desmintió el allanamiento, además de acusar a Epasa de desinformar para hacerle daño a la imagen de su institución.

En agosto, el fiscal Ricaurte González increpó en público al periodista Luis Ávila del diario Panamá-América, con quien anteriormente había sostenido otros incidentes. Ávila le pidió al fiscal que respetara el trabajo que realizaba y obtuvo como respuesta recriminaciones públicas de uno de los asistentes del funcionario que le reclamaba por la línea editorial del medio. También le han negado entrevistas argumentándole: "Yo sé de dónde usted viene".

El informe sobre Panamá incluye además las denuncias presentadas por la detención y privación de su libertad por 24 horas de la periodista Ligia Arreaga, el pasado mes de enero, aún no han tenido respuestas. La detención se dio por órdenes de la jueza Ulzana Valdez Jurado. La Defensoría del Pueblo mantiene el caso abierto.

En una resolución, la 75 Asamblea General de la SIP consideró que "en Panamá se viene abusando del sistema judicial a través de la presentación en contra de medios, periodistas, columnistas y directivos de querellas penales, demandas civiles y en la jurisdicción de familia por parte de un expresidente Ricardo Martinelli y otros ex funcionarios.

Destaca que La Prensa ha sido objeto de 20 querellas penales y 13 demandas civiles con reclamos que totalizan $89 millones e incluyen a 11 directivos y 30 periodistas.

Además se hizo referencia a las querellas contra los autores de dos artículos de opinión publicados en los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá por Mariano Mena y Alberto Velásquez. Al igual que contra las comunicadoras Mariela Ledezma y Annette Planells por delitos contra el honor. Más recientemente, una querella contra la vicepresidenta de Asuntos Informativos de TVN Media, Sabrina Bacal, por calumnia e injuria. Todas interpuestas por el expresidente Martinelli.

Se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la injuria y la calumnia cuando se cometan a través de medios de comunicación, y aunque ha quedado despenalizada cuando se trata de que la "supuesta víctima" sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. Cabe mencionar que el Código Penal tipifica estos delitos con pena de prisión que va de seis a 18 meses, o sus equivalentes a días multas.

Se requiere la despenalización de los delitos de calumnia e injuria para que las reclamaciones sean atendidas por la jurisdicción civil y, al mismo tiempo, que se establezcan límites a las cuantías en las demandas civiles para que estos procesos no se conviertan en herramientas para amedrentar periodistas y cerrar medios de comunicación.