Tribunal da luz verde para ordenamiento de San Francisco y tumba amparos
Los magistrados decidieron no conceder los amparos de garantías constitucionales presentados contra ese acuerdo. por Roberto Ruiz Díaz y por la Asociación Soy Paitilla.
Tribunal da luz verde para ordenamiento de San Francisco y tumba amparos
Por: Redacción / Crítica -
El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial dejó clara la jugada. En segunda instancia confirmó la legalidad del Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) de San Francisco y mantuvo en firme el Acuerdo 270 aprobado por el Consejo Municipal de Panamá.
Los magistrados decidieron no conceder los amparos de garantías constitucionales presentados contra ese acuerdo. Uno fue interpuesto por el abogado Roberto Ruiz Díaz, en su propio nombre, y el otro por la Asociación Soy Paitilla. En este último caso, el Tribunal incluso revocó la decisión de primera instancia que había dado paso al recurso.
Las sentencias concluyen que no hubo violación de derechos fundamentales ni del debido proceso. Con eso, se valida la actuación del Municipio de Panamá durante todo el trámite que llevó a la aprobación del plan.
También se deja establecido que el proceso cumplió con la normativa vigente, incluyendo la consulta ciudadana realizada el 8 de septiembre de 2025, donde participaron residentes y distintos sectores. El Tribunal precisó que la ley no exige un número mínimo de participantes ni prohíbe hacer estas consultas en fechas coincidentes con eventos nacionales.
El fallo reconoce que el Acuerdo 270 responde a la necesidad de ordenar territorialmente San Francisco, tras un vacío normativo previo. Además, indica que su elaboración tuvo sustento técnico, coordinación institucional y espacios de participación ciudadana.
En cuanto a la zonificación, se valida que las modificaciones se hicieron con base en criterios técnicos y aportes de la comunidad. También se aclara que Boca La Caja no forma parte de lo establecido dentro de este acuerdo.
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Con estas decisiones, se confirma que el alcalde Mayer Mizrachi, el Municipio de Panamá y la Dirección de Planificación Urbana actuaron conforme a derecho durante todo el proceso.
