Botadera

Redacción

A pesar de la promesa del actual gobierno de que no habría despidos masivos de funcionarios, la lógica y la realidad indican otra cosa.

Por un lado, al derogar el decreto que reglamentaba la indemnización a los empleados públicos que por cualquier motivo, fueran separados de la administración pública, se abre la puerta a estos despidos, ya que lo que impedía a la administración realizarlos es que casi inmediatamente tenían que pagar al funcionario todas sus prestaciones.

Obviamente, la norma impuso un freno a los despidos masivos, ya que las finanzas públicas no están en capacidad de indemnizar masivamente a los separados del ejercicio gubernamental.

Por otra parte, existe una presión política de los militantes de los partidos triunfadores en los últimos comicios, quienes reclaman un espacio en la burocracia gubernamental. Conforme pasan los días se hará más fuerte esta presión y necesariamente los caciques políticos de los partidos tendrán que tomar las previsiones necesarias para nombrar a sus cuadros como premio por su simpatía política.

¿Quién pagará los platos rotos? Los mismos de siempre: el funcionariado humilde, que cada cinco años es aterrorizado con el fantasma de los despidos masivos. Lo triste es que siempre es el humilde, el trabajador manual, el estudiante, el profesional joven, mientras que los eternos pelechadores de la cosa pública buscan el acomodo con la nueva administración.