Infiernillo político
B ueno, bueno, los estrategas del denominado pacto de gobernabilidad entre panameñismo y perredistas, en su afán de control absoluto de la Asamblea, contando con la avenencia
Ramón Jiménez Vélez
B ueno, bueno, los estrategas del denominado pacto de gobernabilidad entre panameñismo y perredistas, en su afán de control absoluto de la Asamblea, contando con la avenencia del Tribunal Electoral a través de las impugnaciones de más de una decena de diputados electos de Cambio Democrático, han llegado a plantear reformas al Código Electoral que rayan con la Constitución Nacional.
Por cierto que diputados del panameñismo y el PRD presentan a la Asamblea una modificación electoral para que en los circuitos electorales en los que el tribunal sentencia- hubo violación a la ley- no se celebren elecciones, sino que de hecho se entreguen credenciales a los siguientes más votados, con lo cual se repartirían esas legislaturas.
De paso, además al anular los votos emitidos para los impugnados, suponen una penalización por la falta comentada por el elector al ser sobornado, violando el artículo 22 de la Constitución, pues se ignoró su inocencia y además no se le garantizó su defensa, y el artículo 136, por el cual “el sufragio es un derecho de todos los ciudadanos”.
La reforma que se pretende aprobar confiere retroactividad a los pasados comicios de mayo, pasando por sobre artículos constitucionales.
Artículo 46 de la Constitución: Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social (y esta modificación es política y no cabe en ambos conceptos) cuando en ellos así se expresan. En materia criminal (y estamos hablando supuestamente de un delito), la ley favorece al reo (y aquí el supuesto reo es el elector o el candidato), aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada.
También por el artículo 31 de la Constitución: solo serán penados los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado (y la reforma planteada no existía al momento de celebrarse las elecciones ni demandadas las impugnaciones).
Definitivamente que este intento politiquero plantea un peligroso precedente para en un futuro, por cuestiones políticas, modificar la ley para perseguir adversarios, creando nuevos delitos y aplicándolos retrospectivamente.
Cabría entonces invocar el 54 constitucional, que permite a toda persona a quien le violen sus derechos a que se revoque por solicitud propia o de cualquier persona.
Para el ensayista español Eugenio D’oos, las leyes son normas, pero también son armas.
Bueno, eso es todo por hoy, pero tranquilos, que el próximo jueves habrá más.