Juez y parte

Redacción

Cuando se instaló la nueva Asamblea de Diputados, muchos panameños pensaron que los noveles “padres de la patria”, como habitualmente se les conoce, desterrarían viejas prácticas, las que ellos mismos, en campaña, habían criticado.

El primer síntoma de que no ha sido así fue la resolución que los diputados se hicieron aprobar, en la que se dan a sí mismos la autorización –a los que son abogados, que es la mayoría– para ejercer el derecho en sede administrativa y judicial.

En su momento señalamos que tal prerrogativa es un abuso al derecho de litigar y le da una ventaja indebida al diputado-abogado, y el tiempo ha venido a confirmar lo dicho.

Vemos a una diputada que litiga casos en fiscalías y juzgados, que además es jueza de garantías en el proceso Moncada Luna. Qué garantía de imparcialidad puede tener el magistrado separado con una juzgadora que es “juez y parte”, como dice la socorrida frase, pero que no deja de ser verdad, ya que Zulay es una de las que juzga a Moncada Luna y a la vez defiende un caso en el que la principal acusada vincula a un magistrado de la Corte.

Por otro lado, es evidente la ventaja de la que goza un diputado-abogado frente a otros colegas a la hora de litigar en los juzgados, conociendo lo blandengue y complacientes que son, ¿qué juez osaría oponerse a la pretensión de un parlamentario-letrado, con la misma energía con que lo haría con un abogado común y corriente?

Esto, en buenas cuentas, es competencia desleal y es un ilícito civil, incluso hasta penal, si se procuran ventajas al margen de la ley.

Lo peor es que son estos mismos señores los que pretenden administrar justicia, cuando ellos son parte interesada en esta justicia que administran.

Dios nos agarre confesados de ser contrapartes en un pleito judicial con estos diputados-abogados.