Sucesos
443 delitos se han cometido en Chiriquí en lo que va del 2018
Específicamente por estos casos señaló se mantienen bajo investigación 15 personas, 3 mujeres y 12 hombres de los cuales tres son extranjeros (ticos).
La tarde de este viernes el Ministerio Público rindió un informe sobre los delitos que se han registrado en la provincia de Chiriquí, principalmente homicidio, femicidio, drogas y violencia doméstica siendo procesados 443 personas de las cuales 40 personas fueron imputadas por los delitos de homicidio y femicidio.
Durante el 2018, desde el mes de enero al 9 de noviembre se han registrado 23 homicidios de los cuales 21 corresponden al sexo masculino y dos al sexo femenino según informe brindado por parte de la Sección Especializada del Ministerio Público a través de la fiscalía de homicidio y femicidio a cargo del fiscal Hernan Mora.
Por su parte la fiscalía de drogas en Chiriquí a cargo de la fiscal Ninfa González durante este informe registrado la tarde de este viernes dio a conocer que se han decomisado 2,682 kilos de cocaína, 50 kilos de marihuana, 10 kilos de heroína y 646 pastillas de éxtasis.
En los casos de blanqueo de capitales se han permitido el decomiso de 1 millón 731 mil, 025 balboas, lo cual se ha realizado con la colaboración de estamentos de seguridad como el Servicio Nacional de Fronteras y la Dirección General de Aduanas.
Específicamente por estos casos señaló se mantienen bajo investigación 15 personas, 3 mujeres y 12 hombres de los cuales tres son extranjeros (ticos).
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas mantiene 239 personas imputadas bajo investigación, tras su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas, de los cuales 186 personas han sido condenadas, donde 179 han sido producto de Acuerdos de Pena.
Mientras que en la sección Especializada de Familia, se logró la imputación a 179 personas por delitos de violencia doméstica y maltrato al menor, donde se han obtenido 14 condenas a través de Acuerdos de Pena.
Con este trabajo el ministerio público consolida el deber constitucional de perseguir el delito y brindarle las respuestas que materia de administración de justicia la comunidad exige.