48 meses de presión para el exrepresentante de Santa Ana Jair Martínez
Jair Basilio Martínez Vega, exrepresentante de Santa Ana, fue condenado a 48 meses de prisión por peculado de uso. También enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades con la CSS.
El exrepresentante de Santa Ana, Jair Basilio Martínez Vega. / Foto: Archivo
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Por: Redacción Web -
Panamá- El largo reinado político de más de 25 años del exrepresentante de Santa Ana, Jair Basilio Martínez Vega, recibió un duro golpe. El exfuncionario fue condenado a 48 meses de prisión tras ser declarado culpable del delito de peculado de uso.
Un posible salvavidas
Pero Martínez todavía tendría un salvavidas para evitar los barrotes. Su condición de delincuente primario le permitiría solicitar el reemplazo de la pena por días multa, según las condiciones establecidas para este tipo de casos.
Inhabilitación política
La condena; sin embargo, trae otro golpe político. La sentencia contempla además la inhabilitación absoluta para ejercer funciones públicas durante cuatro años, lo que prácticamente pone punto final, al menos por ese periodo, a una carrera política que se extendió por más de dos décadas al frente de la Junta Comunal de Santa Ana.
Otra investigación en curso
El expediente de Martínez podría no terminar con esta condena. Sobre el exrepresentante también pesa una investigación relacionada con un supuesto delito contra la Caja de Seguro Social (CSS). La pesquisa gira alrededor de presuntas irregularidades en el manejo de las cuotas de los funcionarios, específicamente por supuestos descuentos realizados a trabajadores que posteriormente no habrían sido entregados a la CSS.
Diligencias en la junta comunal
El asunto ya pasó de los rumores a las diligencias. Peritos y auditores de la CSS han acudido a la Junta Comunal de Santa Ana y han solicitado documentación e información a la actual administración para determinar si existieron irregularidades. La posible lesión patrimonial que se investiga rondaría los 200 mil dólares, aunque corresponderá a las autoridades establecer si efectivamente existió el perjuicio, su monto y quiénes serían los responsables.
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