Ciberestafas a jubilados: La trampa telefónica que despluma a los viejitos
Las estafas en Panamá no dan tregua. Solo en 2026 se reportan más de 5,000 casos. Los jubilados son el blanco perfecto de los ciberdelincuentes.
Panamá- A la delincuencia ya no le hace falta poner una pistola en el pecho para dejar limpio a un abuelo. Ahora la amenaza entra despacito por la pantalla del celular o con una llamada a medianoche que acelera el corazón de cualquiera.
Mientras la tercera edad en Panamá espera pacientemente la quincena para cobrar su jubilación en el Banco Nacional o la Caja de Ahorros, en el otro extremo de la línea hay ciberdelincuentes al acecho. Con engaños, enlaces trampa y cuentos de supuestos bloqueos bancarios, en cuestión de tres minutos logran esfumar el ahorro de toda una vida de trabajo.
Radiografía de una epidemia: La disparada de los fraudes informáticos
Las cifras del Ministerio Público revelan que los delitos contra el orden económico no paran de subir. Solo entre enero y agosto de 2026 se registraron 5,089 noticias criminales por estafas y otros fraudes a nivel nacional, lo que representa un aumento del 13% respecto al mismo período del año anterior.
Estafas y Fraudes Generales: Muestran una tendencia al alza constante desde 2022 cuando se reportaron 5,514 casos, seguido por 5,068 en 2023, un total de 5,490 en 2024, llegando a 6,230 en 2025, hasta los 5,089 registros solo en los primeros nueve meses de 2026.
Pero el dato que encendió las alarmas de la Fiscalía de Delitos contra el Orden Económico y del SIEC Panamá es el disparo estrepitoso de la manipulación informática.
En este renglón específico de esta subcategoría específica (comprendida en el Artículo 226 del Código Penal y modalidades de phishing/vaciado de cuentas), refleja un comportamiento bastante estable en los últimos años, pasando de:
- 2022: La cifra se situó en 374 denuncias post pandémicas.
- 2023: Se registraron 219 denuncias vinculadas a engaños por canales digitales.
- 2024: Los reportes alcanzaron los 222 casos impulsados por el auge de la banca móvil.
- 2025: El delito se ubicó a más de 101 registros en un periodo analizado.
- 2026: la cifra se elevó a 270.
En promedio, en el país se interpone 1 denuncia diaria por estafa, siendo la provincia de Panamá la más castigada con cifras que desde 2022 a la fecha, superan las 2,000 denuncias por año. Pero estas cifras no incluyen todos aquellos casos que nunca llegan a ser denunciados.
El modus operandi
El modus operandi contra los adultos mayores es cruel y quirúrgico. La modalidad arranca con un mensaje de texto (SMS) o WhatsApp con el logo clonado de una entidad bancaria estatal: "Estimado cliente, su banca en línea ha sido bloqueada por seguridad. Ingrese aquí para reactivarla". El jubilado, temeroso de quedarse sin acceso a su pensión, da clic al enlace.
Allí ingresa a una página espejo casi idéntica a la real. En segundos, la red criminal captura el usuario, la contraseña y la clave dinámica (token). Otra variante habitual es la llamada telefónica donde el delincuente se hace pasar por un "agente de soporte" que le insiste al adulto mayor en que "asista al cajero" o que le "verifique unos datos".
Para cuando la víctima reacciona, su cuenta de ahorros ya está en cero. El dinero es transferido de inmediato a través de cuentas mula (personas que alquilan o prestan sus cuentas bancarias a cambio de $20 o $50 para mover dinero sucio) y de ahí retirado en efectivo en cajeros automáticos del centro de la ciudad o de San Miguelito.
El clamor de las víctimas: Sin pensión y atrapados en la burocracia
Para un jubilado que cobra $350 o $500 al mes, que le vacíen la cuenta significa quedarse sin comida, sin medicinas para la presión y sin para pagar los servicios básicos. "Llegué al cajero a retirar la mitad de mi cheque y el cajero me decía fondo insuficiente. Fui a la ventanilla y me dijeron que yo había hecho dos transferencias ACH a las 2:00 a.m. A esa hora yo estaba durmiendo. Me dejaron con 80 centavos", relató desesperado un jubilado de 72 años residente en Juan Díaz.
Las víctimas chocan con una pared doble: los bancos suelen catalogar el hecho como "transacción autorizada con credenciales válidas" al haberse usado la clave correcta, y los trámites en la fiscalía se vuelven tortuosos.
Aunque las autoridades señalan que el Artículo 226 del Código Penal sanciona la manipulación informática con penas de 4 a 8 años de prisión, rastrear el dinero una vez atomizado en múltiples cuentas resulta una carrera contra el tiempo donde casi nunca se logra recuperar el capital extirpado.
Complicidad interna y falta de filtros preventivos
El problema toma tintes más oscuros cuando las investigaciones dejan al descubierto filtraciones de bases de datos. Los jubilados denuncian con frecuencia que los delincuentes los llaman conociendo exactamente su nombre completo, número de cédula y hasta el saldo aproximado que manejan en la cuenta.
El Ministerio Público ha abierto expedientes para determinar si existen fugas de información o colaboradores informáticos que venden listados de cuentahabientes a bandas dedicadas al fraude.
Mientras el sistema bancario implementa controles de verificación facial o biometría, las redes de ciberdelincuencia migran rápidamente a técnicas de ingeniería social sobre los eslabones más vulnerables de la cadena: los abuelos que apenas se adaptan a la era digital.
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