Fraudes suben 14% en Panamá: 4,547 casos hasta agosto
Panamá registró 4,547 noticias criminales por estafas y otros fraudes entre enero y agosto de 2026, 14% más que en igual período de 2025. La manipulación de programas informáticos pasó de 52 a 228 casos, mientras no existe un consolidado público annual que separe las extorsiones telefónicas del resto de los datos.
Panamá acumuló 4.547 noticias criminales por e entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, un aumento de 14% frente a las 3,987 registradas en el mismo período de 2025, según el más reciente informe estadístico del Ministerio Público.
El dato confirma la presión creciente de los delitos patrimoniales cometidos por medios tradicionales y digitales. Sin embargo, también obliga a una precisión: el informe agrupa estafas, estafas agravadas, cobro indebido de seguros y delitos informáticos, por lo que no permite establecer cuántos casos corresponden exclusivamente a extorsión telefónica, chantaje por WhatsApp o sextorsión.
La cifra más llamativa está en los casos de modificación o manipulación de programas informáticos, contemplados en el artículo 226 del Código Penal. Hasta agosto de 2026 se registraron 228 noticias criminales por este delito, frente a 52 en igual lapso de 2025. Es decir, un incremento de 338%.
Estafa concentra la mayor cantidad de casos
La estafa, tipificada en el artículo 220 del Código Penal, sigue siendo la categoría con más denuncias. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público contabilizó 4.196 casos, 10% más que los 3,812 registrados en el mismo período de 2025.
En contraste, los casos de estafa agravada bajaron de 107 a 94, una reducción de 12%. El informe también reportó 18 noticias criminales por fraude con tarjetas de crédito, 5 por revelación de secretos empresariales, 4 por insolvencia fraudulenta y 2 por expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos.
Las estadísticas son preliminares y corresponden a noticias criminales registradas en la Plataforma del Sistema Penal Acusatorio.
Panamá Oeste y San Miguelito suben
La provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias por estafas y otros fraudes: 2.607 cajas entre enero y agosto de 2026, 14% más que en el mismo período del año anterior.
Panamá Oeste ocupó el segundo lugar, con 615 casos, un alza de 33% frente a 2025. Chiriquí acumuló 405 reportes, 16% más; San Miguelito sumó 244, con un incremento de 6%; y Colón registró 168, 17% más.
Los Santos reportó el mayor incremento porcentual entre las provincias: pasó de 70 a 96 casos, un aumento de 37%. En cambio, Coclé, Herrera y Veraguas mostraron disminuciones frente al mismo período de 2025.
Fuente: Ministerio Público. Las cifras son preliminares y agrupan estafas y otros fraudes; no son un conteo exclusivo de extorsión telefónica.
El antecedente: extorsiones desde llamadas y cárceles
Los datos más recientes del Ministerio Público sobre estafas y fraudes deben leerse junto con los antecedentes disponibles sobre extorsión. En 2023, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investigó 247 casos de extorsión, según declaraciones del fiscal Emeldo Márquez recogidas por La Prensa.
El funcionario señaló entonces que muchas de las extorsiones se realizaban mediante llamadas telefónicas desde centros penitenciarios. Las víctimas eran contactadas para exigir pagos bajo amenazas contra su vida, sus familiares, sus negocios o sus bienes.
El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales publicó previamente un boletín que registró 177 casos de extorsión en 2017, 265 en 2018, 318 en 2019 y 427 en 2020. Para el primer semestre de 2022, el SIEC reportó 291 casos.
En 2021, el Ministerio Público y la Policía Nacional lanzaron la campaña "El Ciberdelito es Real". En ese momento, la entidad informó que las investigaciones por extorsión habían aumentado 198% entre 2016 y 2021: de 123 casos en 2016 a 424 en 2020. Para 2021, se habían abierto 143 investigaciones al momento de la campaña.
La revisión de los informes estadísticos públicos del Ministerio Público confirma la existencia de registros mensuales de estafas y otros fraudes para 2024, 2025 y 2026. Sin embargo, esos reportes no desagregan una categoría específica de extorsión telefónica ni permiten determinar cuántas de las denuncias corresponden a chantaje, sextorsión o amenazas realizadas por llamadas, WhatsApp u otros medios digitales.
Más herramientas legales para delitos digitales
La respuesta legal se reforzó con la Ley 478 de 4 de agosto de 2025, aprobada inicialmente como Proyecto de Ley 61. La norma modificó disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal, e incorporó nuevas herramientas contra la ciberdelincuencia y la violencia sexual digital.
Entre las figuras abordadas por la norma está la sextorsión: una modalidad de chantaje en la que una persona es amenazada con divulgar imágenes, videos o información íntima si no entrega dinero, produce más contenido o accede a exigencias sexuales.
El artículo 151 del Código Penal establece penas de 5 a 10 años de prisión para quien, mediante violencia, intimidación o amenaza grave, obligue a otra persona a realizar un acto de disposición patrimonial o a entregar información. La pena aumenta en una mitad cuando la conducta se ejecuta por teléfono, correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica.
La legislación también contempla delitos vinculados con la difusión no consentida de contenido íntimo, grooming, suplantación de identidad y la interferencia de datos informáticos.
Cómo operan los engaños
Las denuncias y campañas institucionales han identificado diversas modalidades usadas para engañar o intimidar a las víctimas:
- Llamadas o mensajes de personas que se hacen pasar por bancos, funcionarios, policías o familiares.
- Solicitudes de códigos de verificación, claves bancarias, fotografías de documentos o acceso a cuentas.
- Enlaces falsos enviados por WhatsApp, SMS, correo electrónico o redes sociales.
- Amenazas para forzar pagos mediante transferencias, depósitos o plataformas digitales.
- Chantaje con contenido íntimo, real o manipulado, para obtener dinero o más imágenes.
- Ofertas de empleo, ventas de productos, préstamos o servicios inexistentes que buscan captar datos personales y dinero.
El aumento en la categoría de modificación o manipulación de programas informáticos no identifica por sí solo el mecanismo utilizado en cada caso. La estadística oficial no especifica cuántos expedientes fueron cometidos por enlaces falsos, clonación de cuentas, malware, acceso indebido a plataformas bancarias o aplicaciones de mensajería.
Qué hacer ante una llamada o mensaje sospechoso
La Policía Nacional y el Ministerio Público recomiendan no responder bajo presión ni entregar información personal, bancaria o códigos de verificación. Las entidades legítimas no deben exigir transferencias inmediatas mediante llamadas, mensajes de WhatsApp o redes sociales.
Ante una posible estafa o extorsión, la recomendación es:
- No realizar pagos ni transferencias por miedo o urgencia.
- Guardar capturas de pantalla, enlaces, números telefónicos, nombres de usuario, audios y comprobantes.
- Bloquear el contacto, sin borrar la evidencia.
- Verificar directamente con el banco, comercio o institución mediante sus canales oficiales.
- Reportar el hecho a la Policía Nacional a través de la línea 104.
- Presentar la denuncia ante el Ministerio Público, especialmente si hubo perjuicio económico, amenazas, chantaje o acceso no autorizado a datos.
El reto: datos más específicos
Las cifras oficiales prueban un aumento de las noticias criminales por estafas y otros fraudes en 2026, especialmente en delitos que involucran manipulación de programas informáticos. Sin embargo, todavía falta un registro público periódico que permita saber cuántos casos corresponden específicamente a extorsión telefónica, sextorsión, suplantación de identidad, phishing, fraude bancario o engaños por redes sociales.
Sin ese desglose, es difícil medir con precisión qué modalidad crece con más velocidad, en qué distritos se concentra, cuál es el monto económico afectado y cuántas investigaciones terminan en condenas. La actualización de esas estadísticas sería clave para que ciudadanos, comercios y autoridades puedan reaccionar con información más clara frente a un delito que cada vez se mueve más por una pantalla.
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