Juicio por secuestro y homicidio de empresario continuará mañana
Este juicio oral dio inicio a eso de las 9:00 a.m. de este martes 24 de enero, en la sala de juicio del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Veraguas.
Panamá- Este miércoles, 25 de enero, a las 9:00 a.m., continuará la segunda fase de alegatos y presentación de pruebas, en contra de tres ciudadanos acusados por la presunta comisión de los delitos contra la vida y la integridad personal (homicidio doloso agravado), contra la libertad e integridad personal (secuestro) y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de un empresario veragüense.
Este juicio oral dio inicio a eso de las 9:00 a.m. de este martes 24 de enero, en la sala de juicio del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Veraguas, con participación de la fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Zuleika Rodríguez, el defensor público, Néstor Ureña, en representación de la defensa de los imputados y los abogados particulares Holanda Polo y Jorge Milwood.
Esta causa penal guarda relación con los hechos suscitados el 20 de septiembre de 2018 cuando la víctima, que fue identificada como Jaime Delgado, ingresó a un vehículo marca Toyota, en los estacionamientos de un supermercado, ubicado en Canto del Llano, ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, donde se le vio por última vez, posterior a este evento, se realizaron llamadas a los familiares solicitándole una suma de dinero a cambio de su liberación o de lo contrario lo matarían.
Posteriormente, el 17 de enero del año 2019, es decir, casi 4 meses después, mediante diligencia de allanamiento y registro realizada en una residencia ubicada en El Espino de Santa Rosa, provincia de Veraguas, se encontró enterrado el cuerpo sin vida de Jaime Epimedes Delgado González.
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Por este caso, el pasado 3 de octubre de 2022, mediante acuerdo de pena, Miguel Ángel Jiménez Ávila fue condenado a pagar 20 años de prisión, como pena principal y como pena accesoria se le impuso la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por ocho años, una vez cumplida la pena principal.
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