Un barco de más de 400,000 toneladas de peso muerto (TPM) sale de un astillero en Yokohama, Japón. El navío flota hacia mar abierto, mientras dos personas lo ven navegar. Uno es el dueño del barco y el otro es el cónsul de Panamá en el país del Sol Naciente.
Por debajo de la mesa se negoció el abanderamiento del titán de acero: por cada TPM, el cónsul panameño recibió 4 dólares, es decir, nuestro Gobierno obtuvo $1.6 millones, de los cuales el 5% será para el funcionario (unos $320,000).
Este negociado de los consulados en ciudades portuarias como El Pireo en Grecia, Hamburgo en Alemania y Nueva York, en EEUU hace ricos a los funcionarios panameños, que generalmente son familiares de poderosos ministros y asesores del Gobierno.
Hace una semana, el viceministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Durán, acudió a la Asamblea Nacional a pedir $2 millones para aumentar el salario de los embajadores y cónsules.
El pedido del vicecanciller se debe a una realidad: la devaluación de dólar frente a monedas fuertes como el Euro dificultan la labor de las delegaciones en el extranjero.
A sabiendas de que los cónsules panameños reciben dividendos extraordinarios por abanderar barcos o hacer de enlaces a comerciantes de empresas foráneas, para ganar más dinero fuera de su salario base, hace polémica la solicitud del vicecanciller.
Es cierto que hay dificultades para abrir embajadas y consulados en ciudades de vital importancia para Panamá, debido a lo costoso de mantener en operación estas oficinas. Con sólo imaginarse el presupuesto de las embajadas en Washington, París, Roma, Berlín, Londres y Tokio, uno debe persignarse ante las maravillas que esos jefes de misión tienen que hacer para subsistir.
Pero a sólo un año de los comicios de 2009, es un mal momento para exigir aumento de salarios o gastos representativos a los funcionarios diplomáticos. Cabe recordar que muchos cónsules panameños en los últimos gobiernos, han sido investigados por casos de corrupción, trasiego de drogas y de armas ilícitas, e incluso de enriquecimiento a costa del erario público.
Las 36 embajadas de Panamá en el exterior tienen la obligación de presentar la realidad veraz de lo que pasa en sus presupuestos operativos. En cuanto a los consulados, todos saben que jamás dirán la verdad sobre sus ingresos privados. Mientras no haya transparencia, nunca el pueblo respaldará un aumento salarial a los embajadores.
A nuestras autoridades le recomendamos pensar en otras alternativas para buscar dinero. A los mismos diputados que les pidieron el aumento de presupuesto, la Cancillería les debió exigir que se rebajaran sus ingresos, despidieran a un par de "botellas", para así sufragar el café que el cónsul en París tendrá que pagar al camarero en los Campos Elíseos. No defiendan lo injustificable hasta que no exista transparencia.
