Con la apertura de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, empresas extranjeras están minando el territorio nacional con la instalación de antenas para prestar el servicio de telefonía celular, apegándose a una normativa aprobada a última hora, que tiende a desconocer el principio de la participación ciudadana en la construcción de nuestras ciudades.
Con una rapidez increíble, se aprobó con fecha del 28 de octubre de 2008, una regulación que excluyó del ámbito de las instituciones que entran a considerar los peligros a que se enfrenta la población por efectos de esta nueva tecnología al Ministerio de Salud y le pasó funciones a la Autoridad de los Servicios Públicos (AbEP), entidad mayormente concentrada en la capital de la República. Cuatro días después, aprovechando los días de asueto por fiestas patrias, una empresa inició trabajos de construcción de una de estas enormes torres en una zona poblada de la comunidad de La Mitra, en el corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.
Esto se dio sin cumplir con la divulgación de la información correspondiente que deben ofrecer a los pobladores situados a 100 metros a la redonda, función que le debe corresponder a las instituciones encargadas de aprobar este tipo de proyectos y no a las empresas que lo que buscan es lucrar.
Actualmente funcionan dentro del perímetro poblado de esta comunidad dos antenas similares. �Será que las transnacionales de las comunicaciones han escogido a La Mitra como campo de antenas? �Quién protege a los moradores de los posibles daños a la salud que puedan provocarles las radiaciones no ionizantes que emanan de esas gigantescas estructuras? Después, cuando ocurra una tragedia, los que han aprobado semejante disparate urbano estarán en sus casas, las empresas habrán trasegado sus ganancias y a los enfermos solo les tocará sufrir sus penurias en la cama de algún hospital, como ocurrió con el dietilenglycol.
