El juez primero de Circuito de lo Penal, Rolando Quezada Vallespi, reprogramó para el 2 de enero de 2008 la audiencia preliminar contra 15 sindicados por los supuestos delitos de falsificación de sellos, estafa y otros fraudes y asociación Ilícita para delinquir, en perjuicio de la Dirección General de Aduanas.
Las investigaciones determinaron que 47 personas jurídicas deberían haber pagado al Estado la suma de 799.624.10, pero el dinero nunca ingreso debido a la falsificación de boletas.
