Una querella penal fue interpuesta contra la jueza XV Penal, Georgina Tuñón, por haber autorizado la intercepción de comunicaciones electrónicas privadas de una empresa.
Esa acción judicial fue presentada ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia por abogados de la empresa TPM Suppliers. Una querella similar se presentó contra la entonces fiscal tercera Anticorrupción, Yolanda Austin, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.