El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, precisó que el Estado panameño ha sido ineficaz en hacerle frente a las obligaciones producto de las dos últimas condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Ombudsman se refiere a las condenas al Estado panameño por los casos de la Ley 25 que permitió la destitución injustificada de servidores públicos y el relativo a la desaparición forzada de Heliodoro Portugal.
"Es evidente que en ambos procesos, independientemente de sus contenidos, no ha habido el mejor manejo judicial por parte del Estado panameño", advirtió Vargas.
