Contraloría niega extorsión y defiende suspensión de pagos en la Asamblea
La entidad dejó claro que las medidas responden a controles administrativos y no a decisiones políticas.
La Contraloría General de la República se pronunció sobre los señalamientos hechos desde la Asamblea Nacional de Panamá y rechazó de forma categórica que la suspensión de pagos a funcionarios tenga relación con algún tipo de presión o extorsión.
Horas antes, el diputado Roberto Zúñiga denunció la retención de cheques de pago a cerca de 40 funcionarios de la bancada Vamos, situación que calificó como una forma de presión que incluso llegó a tildar de extorsión.
Ante los cuestionamientos, la Contraloría indicó que las medidas responden a controles administrativos y no a decisiones políticas.
Según explicó la institución, la verificación de pagos forma parte de su rol constitucional, enfocado en garantizar que cada funcionario cumpla con sus funciones y con los mecanismos de control establecidos.
El jefe de la bancada de Vamos indicó que “Esto es una intromisión una vez más del Contralor General de la República en el quehacer de esta asamblea”, afirmó.
La Contraloría insistió en que no se trata de acciones arbitrarias, sino del cumplimiento de normas vigentes sobre el manejo del dinero público.
La Contraloría detalló que estas medidas vienen aplicándose desde el año pasado mediante varias resoluciones internas, orientadas a validar el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos.
Estas disposiciones se apoyan en leyes como la Ley 32 de 1984 y la Ley 9 de 1994, que regulan el control del gasto estatal y la administración pública.
En medio de la controversia, la entidad también consultó a la Procuraduría de la Administración sobre la exoneración del marcaje en la Asamblea. La respuesta: solo el presidente del Legislativo y el secretario general pueden autorizar excepciones. La Contraloría indicó que ha detectado casos donde esta norma no se ha cumplido.
La institución recalcó que no busca interferir en el funcionamiento del Legislativo ni en discusiones de proyectos de ley. Señaló que vincular los controles administrativos con debates políticos carece de sustento y desvía la atención del punto central: el uso correcto de los fondos del Estado.
Finalmente, reiteró que el control previo y la fiscalización son competencias constitucionales y no representan intromisión alguna. Aseguró que seguirá actuando con apego a la ley, transparencia y responsabilidad, y no descartó presentar denuncias ante las autoridades competentes si se detectan irregularidades.
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