Contraloría ordenó secuestro de bienes de Gaby Carrizo

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de cuentas y propiedades del exvicepresidente Gabriel “Gaby” Carrizo, quien ejerció funciones en el período 2019-2024.

Según la resolución de la institución, se ordenó el secuestro hasta la “concurrencia de $1,313,818.83 millones", además, de las fincas que se encuentran inscritas en el Registro Público de Panamá a nombre del perredista, quien es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.

También se ordenó cautelar los dineros, fondos, valores, depósitos, plazos fijos, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, cuentas cifradas y cajillas de seguridad en las que Carrizo sea titular. El resuelto hace referencia a cuentas en el Banco Nacional de Panamá, Multibank y Banco Prival, S.A.

En tanto, los vehículos y cuentas por cobrar y créditos deben mantenerse a órdenes de la Contraloría hasta nuevo aviso.

Cabe destacar que el Ministerio Público mantiene dos causas en curso contra el exvicepresidente por presuntas irregularidades durante su gestión.

El secuestro se da mediante la resolución No. 3757-2025-LEG/PJ con la fecha del 22 de octubre. Una vez concluidas las investigaciones, la Contraloría remitirá un informe al Ministerio Público, que deberá determinar si existen o no elementos para abrir una investigación.

Tras darse a conocer la noticia, Carrizo aseguró estar dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, “pero siempre con hechos reales y transparencia". "Mi compromiso es con la verdad", dijo.

Destacó que durante su servicio como vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia actuó con “responsabilidad, honradez y respeto por la ley”.

Además, calificó como “lamentable” que la información del proceso se filtrara a la prensa antes de ser notificado: “Este tipo de prácticas atenta contra el debido proceso y la transparencia”. Dijo que ha sido “víctima de innumerables calumnias e injurias”.

Carrizo fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para las elecciones del 2024, siendo el segundo miembro del colectivo al que la Contraloría le aplica medida precautoria; el primero fue el exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla.

También están siendo investigados Héctor Brands, Luis Oliva y Bernardo Meneses; este último está en detención preventiva por supuesta corrupción durante su gestión como director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).