Dos jóvenes panameñas eran explotadas sexualmente en Europa

Ley penal contempla penas de entre 15 a 30 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cuya sanción se agrava de 20 a 30 años de cárcel cuando se hace mediante engaño.
Combate al delito de trata de personas en Panamá.

Combate al delito de trata de personas en Panamá.

Por: Redacción/ Crítica -

El delito de trata de personas transcendió desde Panamá hacia un país de Europa.

Dos jovencitas panameñas, entre 19 a 20 años, fueron rescatadas recientemente, víctimas de explotación sexual. 

Este caso se mantiene en reservar a nivel de las autoridades panameñas porque presuntamente estén implicados ciudadanos nacionales.

La directora de la oficina contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad, Dayra Campos, confirmó el caso, sin adelantar mayores detalles por el proceso de investigación.

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La funcionaria reveló que en lo que va del año en cuatro operaciones han  rescatado 41 víctimas de trata de personas, nacionales y extranjeros, entre ellos 7 menores de edad , y han capturado a 18 presuntos tratantes.

Detalló que en la última operación “Rufián”, se logró el rescate de 14 mujeres de nacionalidades colombiana, nicaragüense y salvadoreña, quienes eran tratadas con fines de explotación sexual.

Cuatro de esas 14 víctimas fueron rescatadas el pasado lunes en seis allanamientos simultáneos realizados en las provincias Coclé y Chiriquí. Se aprehendieron a 5 personas, cuatro ciudadanos panameños y una colombiana, bajo el cargo de trata de personas.

Campos afirmó que la delincuencia organizada se ha perfeccionado a tal punto que estudian previamente a sus víctimas, que en su mayoría han pasado por problemas familiares, falta de amor y abuso sexual.

Una mejor oportunidad laboral o un amoroso enamorado son los enganches perfectos para captar a sus víctimas, a través de las redes sociales, principalmente.  Por eso, alertó Campos, a los padres de familia, principalmente de menores de edad, estar pendientes de sus hijos, sobre todo con quiénes se relacionan.

La directora de la oficina contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad sostuvo que unos de los mayores obstáculos para sancionar a estos delincuentes es que las víctimas muchas veces los protegen ni presentan declaración contra ellos, lo ven como sus protectores.

Indicó que el delito de trata de personas en las modalidades por explotación sexual y explotación laborales mantienen una cifra paralela en lo que va del año.

Además, que estos grupos criminales ahora concentran sus actividades en edificios y casas con cuartos de alquiler, cuando las víctimas de explotación sexual iniciaban desde establecimientos de diversión nocturna y hoteles.

Explicó que los tratantes obligan a sus víctimas a entregar cuotas diarias en el caso de explotación sexual entre $ 400 a $500, y en caso de explotación laboral la cuota es menor mediante la venta de bisutería y otros tipos de mercancías.

Las víctimas de delito de trata de personas, una vez rescatadas pasan por un interrogatorio del Ministerio Público, y luego el Ministerio de Salud les ofrece los servicios de salud gratuitos e inclusive si es necesario son atendidas por sicólogos o siquiatras por afectaciones emocionales.

Campos expresó que a nivel de prevención están trabajando con el Ministerio de Educación, a nivel media y premedia escolar, brindando información a los estudiantes sobre delitos sexuales y de trata de personas, sin embargo, en esta orientación es fundamental la participación de la familia.

Adelantó que como un avance para combatir este tipo de delito, están efectuando unas modificaciones a la Ley 79 que establece la prevención, investigación y penalización de todas las formas de trata de personas y actividades conexas.   "Se busca aumentar las penas y algunos delitos sexuales, clasificarlos como delitos de trata de personas", expresó la funcionaria.


Ley penal contempla penas de entre 15 a 30 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cuya sanción se agrava de 20 a 30 años de cárcel cuando se hace mediante engaño.

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