El Panameñismo advierte los errores de “Nito”

El Panameñismo advierte los errores de “Nito”

El Panameñismo advierte los errores de “Nito”

Por: Redacción / Crítica Impreso -

Los nombramientos de Juan Pino y Sheyla Grajales como ministros de Seguridad y de Gobierno, respectivamente, son dos nuevos errores del actual gobierno en materia de seguridad, a jucio del opositor Partido Panameñista, que estima que a la administración de Laurentino Cortizo lo que le falta es un plan y una estrategia.

En un comunicado, el Panameñismo recordó que cuando Rolando Mirones (hasta la semana pasada titular del Minseg) era director de la Policía Nacional en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), Panamá registró la mayor tasa de homicidios de su historia; mientras que Carlos Romero, que estaba en el Mingob, no tenía experiencia en el tema penitenciario.

"Tanto la renuncia del Ministro de Seguridad como la destitución del Ministro de Gobierno, eran la crónica de un fracaso anunciado", destaca el Panameñismo.

La coyuntura que se desarrolló bajo ambos ministros fue de 72 homicidios en diciembre de 2019; 55 homicidios en enero del 2020, la masacre de La Joyita y la fuga del homicida múltiple Gilberto Ventura Ceballos.

"Por eso, preocupa ahora, que se recurra a nombrar a un Comisionado para dirigir la cartera de Seguridad, cuya formación es en el área Naval", estima.

"En cuanto al Ministerio de Gobierno se comete el mismo error al nombrar a una integrante del Partido Molirena por llenar un espacio político, sin que tenga la formación profesional requerida. Aún más cuando se le acusa de supuestamente mantener una deuda considerable a la DGI. De ser cierto, su nombramiento sería nulo".

El Panameñismo recomendó al gobierno fortalecer con más presupuesto al Ministerio Público y al Órgano Judicial para aumentar el número de fiscales y jueces; mejorar la toma de análisis y capacidad de respuesta de las autoridades mediante el uso de tecnología de videovigilancia y cambiar la iluminación en vías públicas a LED.

Otras recomendaciones son aplicar el Pacto de Estado por la Justicia y separar la DIJ de la Policía Nacional.

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