Gremios de prensa rechazan reforma al derecho a réplica en Panamá
Los gremios señalaron que el proyecto transforma un principio de autorregulación periodística en un mecanismo coercitivo que podría terminar en sanciones judiciales contra los medios,
Gremios periodísticos de Panamá manifestaron su rechazo a un proyecto de ley que avanza en la Asamblea Nacional y que busca modificar las reglas del derecho a réplica, al considerar que la propuesta podría afectar la libertad de prensa y limitar el trabajo informativo de los medios.
Se trata del Proyecto de Ley 391, que modifica el artículo 2 de la Ley 22 de 2005, norma que prohíbe sanciones por desacato y establece disposiciones relacionadas con la réplica, rectificación o respuesta en los medios de comunicación. La iniciativa ya fue aprobada en primer debate en el Parlamento.
El diputado Ernesto Cedeño, del partido Moca, impulsor de la propuesta, explicó que el objetivo es garantizar justicia a las personas que puedan sentirse afectadas por informaciones difundidas en medios. Según indicó, la norma plantea que cualquier rectificación o respuesta debe publicarse en el mismo espacio y con la misma prominencia que tuvo la información original.
Sin embargo, organizaciones como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí expresaron su rechazo a la iniciativa, argumentando que altera el equilibrio entre responsabilidad informativa y libertad editorial.
Los gremios señalaron que el proyecto transforma un principio de autorregulación periodística en un mecanismo coercitivo que podría terminar en sanciones judiciales contra los medios, lo que consideran preocupante para el ejercicio del periodismo.
Entre los cambios planteados, la propuesta establece que la réplica no solo debe tener el mismo espacio que la información cuestionada, sino también igual prominencia, además de eliminar la disposición que permitía ajustar su extensión según la disponibilidad del medio.
Asimismo, la reforma fija plazos de apenas 48 horas para publicar las respuestas y obligaría a los medios a reservar espacios permanentes para estas réplicas, lo que, según los gremios, interferiría directamente en la autonomía editorial y en la organización interna de los medios de comunicación.
Otra de las preocupaciones señaladas es que la iniciativa amplía las responsabilidades jurídicas hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan directamente en la elaboración de los contenidos informativos.
Los gremios sostienen que extender eventuales sanciones hacia empresas, administraciones o incluso programas contratados a terceros introduce una lógica de responsabilidad difusa que podría generar efectos inhibitorios en el ecosistema mediático del país.
Finalmente, las organizaciones periodísticas señalaron que el derecho a réplica debe ser un ejercicio de responsabilidad, pero no convertirse en un instrumento legal que limite la crítica o la fiscalización pública.
Actualmente, Panamá ocupa el séptimo lugar entre 23 países en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Aunque el nivel de restricción es considerado bajo, el informe advierte sobre una erosión silenciosa pero persistente de la libertad de prensa en la región.
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