Odebrecht: Advierten que un fallo sin debate probatorio carece de legitimidad
El uso de un sistema inquisitivo mixto y la ausencia de contrainterrogatorios generan dudas sobre la eficiencia y legalidad del proceso más emblemático de corrupción pública en la historia reciente de Panamá.
El juicio por el caso Odebrecht representa un desafío sin precedentes para el sistema de justicia panameño. Sin embargo, a juicio de Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), este reto no ha sido superado con éxito debido a las profundas carencias estructurales del modelo actual.
Un sistema obsoleto para un caso complejo
La principal contradicción radica en que se pretende dictar sentencia utilizando un sistema que los propios administradores de la ley califican como obsoleto. Para Araúz, resulta cuestionable esperar resultados eficientes de un modelo ideado para otra época en un litigio de tal magnitud.
Esta es, sin duda, una de las causas más complejas de criminalidad económica en Panamá. Factores como los altos montos de los sobornos, la cantidad de implicados, el volumen documental y la dimensión internacional del escándalo generan tensiones en la eficiencia y el manejo de la complejidad probatoria.
“El caso Odebrecht evidencia que el sistema inquisitivo mixto tiene dificultades reales para gestionar expedientes masivos con múltiples imputados y análisis financieros complejos”, aseveró el jurista.
El debate probatorio: Clave para la sentencia
Araúz plantea que la solidez de la sentencia de la jueza Baloisa Marquínez no dependerá del tamaño del expediente, sino de la calidad del debate probatorio. La legitimidad del fallo está sujeta a que la prueba relevante haya sido sometida al escrutinio contradictorio de las partes involucradas.
“El contradictorio es uno de los pilares del proceso penal porque permite que la prueba sea depurada entre las partes”, explicó Araúz a Panamá América.
Cuestionamientos sobre "indefensión" y tinte político
Por su parte, el abogado Arturo Vallarino fue más contundente al señalar que sin el principio de contradicción no puede existir un fallo apegado a la ley. Según Vallarino, la falta de contrainterrogatorios a los testigos protegidos y peritos de la fiscalía deja a los implicados en un estado de total indefensión.
Para el jurista, el origen de este proceso no es estrictamente jurídico, sino que posee un trasfondo de persecución política. Argumenta que no se ha demostrado un perjuicio directo contra el Estado ni se ha juzgado penalmente a la constructora brasileña en el ámbito local.
“Este proceso ha sido una caricatura de lo que debe ser un juicio para altos funcionarios. Se está utilizando el sistema judicial para propósitos políticos”, puntualizó Vallarino. Ante este escenario, la defensa técnica espera que el tribunal se pronuncie únicamente sobre las evidencias que pudieron ser rebatidas durante el acto de audiencia.
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