Vicepresidenta a favor de veto parcial de ley anticorrupción
El Parlamento de Panamá aprobó el martes pasado la Ley 514 sobre la no prescripción de los delitos de corrupción, que ahora debe ser sancionada por el presidente
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, se mostró hoy a favor de que sea vetado el artículo de una ley aprobada por el Parlamento que inhabilita para contratar con el Estado a las empresas que hayan actuado como colaboradores eficaces en proceso de corrupción.
Panamá- "La imprescriptibilidad de los delitos representa un avance en la lucha contra la corrupción. Llama mucho la atención la contradicción que representa el ataque hacia la colaboración eficaz. Su aprobación sería para el país un retroceso en esa lucha", escribió este jueves De Saint Malo en su cuenta de Twitter.
El Parlamento de Panamá aprobó el martes pasado la Ley 514 sobre la no prescripción de los delitos de corrupción, que ahora debe ser sancionada por el presidente del país, Juan Carlos Varela, para que entre en vigor.
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El proyecto legislativo fue presentado por iniciativa ciudadana y se limitaba originalmente a una reforma del artículo 116 del Código Procesal Penal para introducir la no prescripción de los delitos de corrupción, pero durante su larga discusión en el Parlamento los diputados le agregaron artículos vinculados a las contrataciones públicas.
Así, el proyecto aprobado modifica el artículo 19 de la Ley 22 de 2006 que versa sobre la "incapacidad legal para contratar" con el Estado, y establece que quedan vetadas las empresas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva.
También las empresas que hayan realizado acuerdos de pena o colaboración eficaz por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo o cualquier delito contra el orden económico, entre otros.
En el caso de las personas naturales, quedan vetadas para contratar con el Estado las que hayan sido condenadas por sentencia definitiva por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo o cualquier delito contra el orden económico, entre otros.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, que agrupa a organizaciones civiles panameñas, también se expresó en contra del artículo 4 de la Ley 514 que inhabilita a las empresas que hayan realizado colaboración eficaz en investigaciones de casos de corrupción y pidió al presidente Varela que vete esa parte de la legislación.
Aprobar la norma que inhabilita a las empresas que "han aceptado utilizar la colaboración eficaz en investigaciones por casos de corrupción y otros delitos (...) tendría un impacto negativo, al desmotivar a las empresas y funcionarios a colaborar en las investigaciones con el propósito de lograr vincular a otras personas de mayor jerarquía o para aclarar la comisión de otros delitos".
"Lo que se requiere en este momento no es castigar a los que colaboran, sino descubrir el modus operandis y las redes de corrupción que casi la han institucionalizado en el país", añadieron las organizaciones civiles en una misiva.
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