Judicialización de la política

Redacción

El proceso contra el magistrado Alejandro Moncada no se trata de él como individuo, sino que detrás gravitan otros elementos de orden político, estructurados en un plan de persecución y judicialización de la política nacional.

Una de las banderas que levantaron los personajes de la política criolla que actúan arropados en los grupos de presión conocidos como “sociedad civil” fue la llamada lucha contra la corrupción, que a la postre no es tal lucha sino “un quítate tú para ponerme yo”.

Eso lo hemos visto con el nombramiento de conocidos activistas de la sociedad civil en embajadas, como premio a su militancia partidista en el pasado reciente.

Destaca el caso del hijo de la cacica Silvia Carrera nombrado embajador en Bolivia. ¿Se atreverá la cacica a seguir su “lucha” contra las hidroeléctricas, ahora que su hijo es funcionario y que a ella le aumentaron el sueldo a $2 mil?

El Salón Azul de la Asamblea Legislativa estuvo abarrotado ayer por esos políticos que actúan desde la sociedad civil, que tomaron asiento en primera fila para ver el linchamiento mediático de Moncada.

Y esta es la punta del icerberg; si los panameños no abrimos los ojos, aquí van a juzgar, en una parodia de juicio, sin garantías procesales, a todos los funcionarios del gobierno anterior, porque eso es lo que quieren los políticos de la sociedad civil.

Asistimos a lo que se denomina “judicialización de la política”, donde no prima el debate de ideas y corrientes, sino que la disensión se considera delito y las pugnas entre partidos quedan alojadas en las fiscalías y tribunales.

Peligroso camino se transita, porque es la crónica anunciada de la muerte de la democracia y el derecho a disentir.