Linchamiento

Redacción

El proceso contra el magistrado Alejandro Moncada más parece un linchamiento que una auténtica intención de hacer justicia y buscar la verdad de los hechos y en ese afán se han cometido toda clase de abusos, que a la larga pueden terminar con la nulidad del proceso.

Resulta inconcebible que dos diputadas: una exProcuradora y una exjuez, actuando como jueces de garantías cometan tantas pifias legales como el no notificar a Moncada y pretender llevar el juicio a través de los medios de comunicación al mejor estilo del "show time".

Además las jueces de garantías Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez -por ética- deben declararse impedidas de actuar en el caso, porque a una el magistrado la condenó por pinchar teléfonos y a la otra el propio Moncada se declaró impedido de conocer procesos por lavado de dinero que radicaban en la Corte Suprema de Justicia y en los que le diputada defendía a varios imputados.

En el caso Moncada se ha dado una excesiva actuación de los diputados oficialistas y del Ejecutivo, que montaron una verdadera cacería con allanamientos y retenes, actuación digna de imitar en otros casos de secuestros y homicidios que nunca han sido aclarados.

Sin duda que el propósito es lograr la posición de Moncada en la Corte. Ya el magistrado ha sido condenado sin previo juicio, pero los promotores del show se olvidan que el mismo procedimiento que se aplica a un magistrado de la Corte rige para un Presidente de la República, que con una raquitica representación de su partido en el Organo Legislativo, se expone a que mañana le apliquen similar tratamiento que el que le dispensan al magistrado caído en desgracia.

Al cabo de algunos años, el Estado tendrá que pagar todos esos excesos cuando el afectado y su defensa eleven el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el país sea condenado a pagar indemnización. ¿Saben quiénes pagarán ese dinero? Nosotros con nuestros impuestos.