Vaivenes

Redacción

Luego de la invasión del 20 de diciembre de 1989, que desalojó al general Manuel Antonio Noriega del poder, se ha impuesto como una costumbre de la era democrática el otorgamiento de gracias presidenciales y legislativas a personas acusadas de diversos delitos.

Así sucedió con la amnistía de 1990 que otorgó la Asamblea Legislativa a un número plural de panameños, con el fin de restañar las heridas sociales provocadas por la invasión norteamericana.

También sucedió con los sucesivos gobiernos de la era democrática, en la que incluso vicepresidentes, encargados temporalmente del Órgano Ejecutivo, dieron indultos, como fue el caso de Tomás Altamirano Duque en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.

Todos los indultos otorgados desde 1990 han sido declarados conforme a la Constitución, salvo los que dio en 2004 la ahora expresidenta Mireya Moscoso y el actual expresidente Ricardo Martinelli en 2010.

Lo curioso es que siempre son los mismos delitos por lo que se otorga el indulto, y es aquí donde hay que revisar el papel que han jugado los magistrados de la Corte.

Que no nos vengan con cuentos. Si hay un órgano de lo más político, es precisamente el Judicial, que todo lo ve a conveniencia de los gobernantes de turno, por eso siempre se ha dicho que la justicia está al servicio del poder.

¿Cómo es que los indultos que otorgó Martín Torrijos, Ernesto Pérez Balladares y Guillermo Endara eran constitucionales y los de Ricardo Martinelli y Mireya Moscoso no? Queremos mejor ejemplo de un Órgano Judicial que va con los vaivenes del poder.